La jueza Marcia Jacqueline Córdova Díaz rechazó la acción de protección presentada por Fundamedios contra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por la emisión de lineamientos que establecían criterios para la acreditación, evaluación y gestión estratégica de medios de comunicación y periodistas que cubren actividades institucionales de la institución militar.
La acción fue presentada tras conocerse el oficio No. CCFFAA-JCC-DCS-2026-1396-O, emitido el 28 de enero de 2026 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el cual se dispuso la aplicación del denominado “Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación”, desarrollado en el INFORME-CCFFAA-DCS-2026-0001.
Para Fundamedios, estos lineamientos resultaban incompatibles con los estándares constitucionales e internacionales de libertad de expresión, debido a que contemplaban la evaluación de medios de comunicación en función de criterios como su línea editorial, su comportamiento histórico frente a las Fuerzas Armadas, la valoración de coberturas favorables y la clasificación de medios como “afines” o “no afines” a la institución.
La organización sostuvo durante el proceso que el problema no radica únicamente en determinar quién puede acceder a una rueda de prensa o cobertura institucional, sino en establecer si una entidad estatal puede clasificar medios de comunicación y condicionar el acceso a información pública en función de criterios editoriales o de afinidad institucional. Para Fundamedios, este tipo de mecanismos abre la puerta a la discriminación, a restricciones indirectas de la libertad de prensa y a prácticas incompatibles con un régimen democrático.
Durante el proceso judicial, las Fuerzas Armadas sostuvieron que el oficio cuestionado ya no se encontraba vigente y que el informe que contenía los lineamientos carecía de validez legal. Como parte de la sustanciación de la causa, la jueza dispuso la intervención de la Defensoría del Pueblo para verificar el estado jurídico de los documentos impugnados. En su informe, la Defensoría concluyó que no podía determinar objetivamente si los “Lineamientos para la Coordinación, Acreditación y Gestión de Medios de Comunicación en Eventos Institucionales de las Fuerzas Armadas” se encontraban vigentes o no, ni establecer el período de su eventual vigencia o el mecanismo jurídico mediante el cual habrían sido dejados sin efecto, debido a que no se presentó un acto expreso de derogatoria o revocatoria del oficio que los dispuso.
La jueza concluyó que no se acreditó una vulneración concreta de derechos, al considerar que los lineamientos no produjeron efectos jurídicos y que no existía evidencia de que periodistas o medios de comunicación hubieran sido excluidos o privados de acceso a información institucional como consecuencia de dichos documentos.
Sin embargo, la magistrada exhortó expresamente a las Fuerzas Armadas a observar los estándares constitucionales sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública, así como la jurisprudencia y las acciones jurisdiccionales relacionadas con estos derechos. Asimismo, señaló que los lineamientos cuestionados no deben ser utilizados por la institución.
Fundamedios valora este exhorto judicial porque constituye un reconocimiento de la importancia de garantizar que ninguna institución pública implemente mecanismos que puedan afectar el ejercicio libre e independiente del periodismo.
Asimismo, la organización destaca que la decisión judicial deja constancia expresa de que los lineamientos cuestionados no deben ser utilizados por las Fuerzas Armadas y que la institución debe observar los estándares constitucionales e interamericanos sobre libertad de expresión y acceso a la información pública. En ese sentido, cualquier futura restricción al trabajo periodístico o al acceso de medios y periodistas a información institucional basada en criterios de afinidad o línea editorial deberá ser analizada a la luz de este pronunciamiento judicial y de las afirmaciones realizadas por las propias Fuerzas Armadas durante el proceso, en el que sostuvieron que dichos lineamientos no se encuentran vigentes y nunca fueron aplicados.
No obstante, Fundamedios considera que la sola emisión de un documento oficial que contempla la clasificación de medios de comunicación según su línea editorial, sus coberturas o su afinidad con una entidad estatal constituye una afectación a los estándares de libertad de expresión. La existencia de estos lineamientos generaría un efecto inhibidor y un riesgo para el ejercicio periodístico, independientemente de que posteriormente hayan sido suspendidos o dejados sin aplicación.
Por esta razón, Fundamedios anunció en audiencia su apelación oral a la sentencia y presentará en los próximos días el recurso fundamentado por escrito, con el objetivo de que una instancia superior analice el fondo del caso y determine si la emisión de este tipo de lineamientos resulta compatible con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
Fundamedios continuará vigilante frente a cualquier intento de establecer mecanismos de acreditación, evaluación o clasificación de medios basados en criterios editoriales o de afinidad institucional, e invita a periodistas y medios de comunicación a reportar cualquier restricción que pueda afectar el ejercicio de su labor.