La instrumentalización de mecanismos legales y judiciales para restringir la libertad de expresión y eliminar contenidos periodísticos gana terreno en América Latina. Esta es una de las principales alertas del foro regional virtual «Nuevo ciclo de censura: Cuando la ley se usa para callar», realizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Fue convocado por Fundamedios, CIVICUS, Voces del Sur y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), representantes de organizaciones y periodistas alertan sobre nuevas formas de censura mediante leyes, procesos judiciales y garantías constitucionales.
Durante la apertura, Ana María Palacios, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor, advirtió que las demandas, los procesos judiciales y las exigencias de rectificación se utilizan bajo una aparente legalidad para censurar a la prensa.
Por su parte, Zuliana Lainez presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en la región. Señala que tres periodistas fueron asesinados durante el último mes y advierte que las amenazas tradicionales contra la libertad de expresión conviven con nuevos patrones de agresión. “La situación en la región amerita una respuesta inmediata y colectiva”, sostuvo.
Roberto Pereira, jurista peruano, explicó que figuras penales como el lavado de activos y el soborno se utilizan para criminalizar actividades periodísticas, afectando también el secreto profesional y la protección de las fuentes. Asimismo, alerta sobre el uso del denominado “derecho al olvido” para desaparecer publicaciones de interés público.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, señaló que las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) evolucionan hacia nuevas modalidades que instrumentalizan garantías constitucionales para retirar contenidos. Expone el caso ecuatoriano de procesos de hábeas data contra tres medios de comunicación y la sentencia de segunda instancia contra Fundamedios que ordena retirar una publicación, emitir disculpas públicas y prohíbe a la organización referirse a una persona en sus plataformas digitales. Ricaurte advirtió que estas actuaciones también vulneran el derecho a defender derechos.
Desde Costa Rica, Álvaro Murillo indicó que su país, históricamente refugio para la prensa centroamericana, dejó de ser un espacio seguro. También señaló que la deslegitimación de los medios y el uso del sistema judicial para perseguir al periodismo debilitan la credibilidad de los medios y su vínculo con las audiencias.
El foro constituye un punto de partida para identificar y visibilizar un nuevo patrón regional de censura: el uso de herramientas legales y constitucionales para silenciar voces críticas y restringir la circulación de información.
Las organizaciones participantes plantean la importancia de fortalecer la articulación de la sociedad civil y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como incorporar estas prácticas en informes especializados y promover lineamientos regionales sobre mecanismos como el derecho al olvido y el hábeas data.
El desafío es pasar de la documentación de casos individuales al reconocimiento de patrones comunes y aprovechar los mecanismos de denuncia, protección e incidencia disponibles para enfrentar estas nuevas formas de censura y defender la libertad de expresión en la región.

