La rotativa de Diario EXPRESO corrió por última vez el jueves 8 de octubre de 2026. La edición llegó a los quioscos de Guayaquil al día siguiente, el mismo 9 de octubre en que la ciudad celebraba 206 años de independencia. Después de esa tirada, el periódico más antiguo del puerto principal dejó de existir en papel y quedó únicamente en su versión digital.
La portada final no buscó eufemismos. «La última rodada», tituló EXPRESO sobre la foto de un operario revisando el papel en la rotativa, y debajo, la frase que resume trece meses de hostigamiento: «EXPRESO abandona el papel, orillado por el acoso estatal». Adentro, un especial repasó 53 años de historia del diario a través de sus portadas más significativas.
El editor general, Alfonso Albán Espín, firmó la despedida. Empezó por la gratitud —a quienes lo formaron desde pasante hasta la edición general, y al equipo de editores, periodistas, fotógrafos, diseñadores, conductores y personal logístico que, escribió, «entregaron hasta el último día lo mejor de sí»— y terminó con una definición que no deja espacio para la ambigüedad sobre las causas del cierre: «El gran ‘pecado’ de EXPRESO fue cumplir con el propósito para el que nació: hacer periodismo». Recordó que el diario pudo incomodar, pero nunca mintió ni se convirtió en «alfombra sobre la que pudiera caminar cómodamente el poder de turno». Y advirtió: «El miedo, la tibieza y el acoso estatal terminan silenciando la voz impresa de EXPRESO. Y ese silencio debería preocuparnos a todos».
En las redacciones de Guayaquil y Quito, periodistas y editores se fotografiaron con carteles mientras se cerraba la última edición: «El periodismo que incomoda es el periodismo necesario», «El periodismo es libre o es una farsa», «Sin periodismo libre no hay democracia». No hubo un comunicado adicional. La protesta fue esa: un equipo de pie, frente a sus propias pantallas, sosteniendo en papel lo que el papel ya no podía decir todos los días.
El cierre no fue una decisión repentina ni puramente editorial. Desde septiembre de 2025, Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), la empresa que edita EXPRESO y Extra, quedó atrapada en una secuencia de actuaciones estatales que sus directivos describen como un cerco financiero y judicial. Empezó con auditorías del Servicio de Rentas Internas a los distribuidores del diario y una acusación pública de lavado de activos, formulada sin pruebas por el entonces secretario de Integridad Pública, que una auditoría independiente de Ernst & Young terminó por no sustentar. Seguiría un allanamiento a siete locales en Guayaquil, una intervención societaria ordenada por la Superintendencia de Compañías a pedido de Inmobiliar —la entidad pública que había adquirido una fracción mínima de las acciones de Granasa—, una disputa por el 40% del capital de la empresa y una denuncia penal contra sus directivos y su abogado. En abril, EXPRESO y Extra ya habían salido con portadas en blanco, como protesta. En agosto, el periodista Roberto Aguilar dejó el diario, luego de que la pérdida de anunciantes dejara páginas enteras sin publicidad comercial.
Galo Martínez Leisker, titular de Granasa, lo resumió así en Televistazo: la empresa «resistió un año», presionada a través de sus clientes por el SRI y la Unidad de Análisis Financiero, además de demandas y denuncias constantes. Dijo algo más, que quedará como una de las frases que defina este episodio: «La prensa independiente no tiene cabida en una autocracia».
La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó el fin de la edición impresa y pidió al Estado ecuatoriano cesar todo hostigamiento directo o indirecto contra el medio. Su presidente, Pierre Manigault, fue cuidadoso en separar lo empresarial de lo político —la decisión de cerrar el papel, dijo, corresponde a los dueños— pero no evitó la conclusión: cuando el Estado contribuye a debilitar la viabilidad de un medio crítico, toda la sociedad pierde espacios de debate. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, lo dijo sin rodeos: el acoso económico y administrativo puede silenciar tan eficazmente como la censura abierta.
Fundamedios documentó la misma secuencia y llegó a una conclusión similar: la decisión de suspender el papel es, formalmente, corporativa, pero la cadena de auditorías, allanamientos, intervenciones y pérdida de publicidad configura un riesgo real de asfixia financiera dirigido contra un medio que sostuvo una línea editorial incómoda para el poder.
Queda una incógnita que no se resolverá con la última edición impresa, sino con la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 13 de octubre: ahí se decidirá la venta de nueve inmuebles de Granasa —entre ellos la sede del diario— y la posible venta de las marcas del grupo, con el fin declarado de cumplir las obligaciones con el personal. Nadie en la empresa ha confirmado todavía cuántos trabajadores perderán su empleo, aunque se habla de un comprador interesado en continuar el proyecto digital.
Lo que sí terminó, con certeza, fue algo más antiguo que cualquier balance: más de cinco décadas en que un periódico impreso circuló en Guayaquil sin interrupción. Lo que no terminó, según la propia redacción, es la razón de ser de ese periódico. Como escribió su editor general en la última página que salió de esa rotativa: «Una etapa termina. El periodismo continúa».
