Ecuador, 23 de julio de 2026.- La investigación, desarrollada por Fundamedios y la Fundación Thomson Reuters junto a estudios jurídicos de diez países, identifica patrones regulatorios que afectan la libertad de asociación y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la región.
Fundamedios y la Fundación Thomson Reuters presentan el informe regional “Una generación de leyes que bloquean el espacio cívico en América Latina”, una investigación comparada que analiza los marcos normativos que regulan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en diez países de la región y advierte sobre el crecimiento de mecanismos de control estatal que pueden restringir de manera desproporcionada la libertad de asociación y la participación ciudadana.
El estudio examina la legislación vigente en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, con el objetivo de identificar tendencias normativas, patrones regulatorios y riesgos comunes que afectan el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Entre los principales hallazgos, el informe identifica un patrón regional consistente caracterizado por la expansión de mecanismos de control estatal que, bajo objetivos legítimos como la transparencia, la seguridad o la rendición de cuentas, generan restricciones que pueden afectar el ejercicio de derechos fundamentales y el trabajo de las organizaciones sociales.
La investigación señala cinco tendencias principales presentes en distintos países de América Latina:
- La centralización del control administrativo sobre las organizaciones de la sociedad civil.
- El fortalecimiento de sistemas de supervisión y fiscalización con cargas administrativas desproporcionadas.
- Las restricciones y controles crecientes sobre el financiamiento, especialmente de origen internacional.
- La utilización de marcos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) como mecanismos que incrementan el control sobre las organizaciones.
- La imposición de sanciones severas, incluyendo la suspensión de actividades y la cancelación de la personería jurídica.
El informe también analiza cómo las regulaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se han convertido en una infraestructura normativa que, en algunos casos, excede los estándares internacionales y termina limitando el espacio financiero, operativo y político de las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso ecuatoriano, la investigación examina las recientes reformas normativas que afectan a las organizaciones sociales y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los objetivos de transparencia y control estatal, por un lado, y la garantía efectiva de derechos fundamentales como la libertad de asociación, por otro.
“Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel esencial en la defensa de derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático. La transparencia y la rendición de cuentas son objetivos legítimos, pero no deben convertirse en mecanismos que limiten de manera desproporcionada el trabajo de las organizaciones”, señaló César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.
El informe fue elaborado por Fundamedios y la Fundación Thomson Reuters con el apoyo de estudios jurídicos especializados de los diez países analizados. La coordinación regional estuvo a cargo de Robalino Abogados.
La publicación busca contribuir al debate público sobre la necesidad de construir marcos regulatorios compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y promover entornos favorables para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina.