La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) expresa su máxima consternación y condena la grave escalada de violencia en la ciudad de Calceta, al noreste de la provincia de Manabí. Esto ha provocado el asesinato de dos colaboradores de la plataforma digital Calcetines y amenazas de muerte contra su director, el comunicador digital Tomás Beltrán.
La Mesa alerta que el riesgo contra Beltrán se agudizó tras presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz, el 2 de abril de 2026.
La filtración de esta denuncia reservada detonó una campaña de desprestigio en redes sociales y la entrega de panfletos amenazantes en su domicilio los días 4 y 8 de abril pasados. El nivel de violencia alcanzó un punto crítico pocos días después. Por esa razón, Beltrán está bajo la protección de la MAPP en una zona segura.
Tomás Beltrán ya fue víctima de un atentado con productos químicos contra su vehículo en 2023 y se encuentra bajo el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado desde mayo de 2025. Sin embargo, las medidas de protección básica han resultado insuficientes frente a la magnitud de los ataques actuales, al punto que los propios agentes policiales han sugerido al comunicador abandonar la ciudad de Calceta porque no pueden garantizar su seguridad.
Ante estos hechos, la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas exige:
- A la Fiscalía General del Estado, investigar con celeridad el asesinato de los colaboradores de Beltrán, las amenazas de muerte en su contra y determinar las responsabilidades por la filtración de la denuncia reservada.
- Al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, elevar de forma inmediata y efectiva los niveles de protección para el comunicador y su familia.
- A las autoridades locales, cesar cualquier discurso de estigmatización que aumente la vulnerabilidad del comunicador.
- Al Consejo de Comunicación, hacer el seguimiento respectivo y activar el Mecanismo de Protección de periodistas lo más rápido posible.
Reiteramos que el Estado ecuatoriano es responsable de garantizar la vida de quienes ejercen el periodismo y la fiscalización ciudadana. El silencio impuesto por la violencia criminal o la inacción institucional representa un grave retroceso para la libertad de expresión en el Ecuador.