Nov 10, 2026

Asesinato

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

 

El comunicador Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, fue asesinado la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 frente a su vivienda en Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí. Beltrán enfrentaba amenazas documentadas desde 2023 por sus denuncias sobre la gestión municipal y estaba incorporado, desde mayo de 2025, al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos (SPAVT) de la Fiscalía.

Según medios de comunicación locales, el ataque ocurrió cuando Beltrán intentaba guardar su vehículo. Personas desconocidas que se movilizaban en una moto le dispararon en varias ocasiones. El comunicador murió en el lugar. La Policía Nacional acordonó la escena, recogió indicios balísticos y abrió una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Beltrán fue jefe de prensa del Municipio de Bolívar. Desde junio de 2023 se dedicaba a la comunicación digital, primero con la plataforma Calceta Online y luego con en el portal Calcetines. Su contenido ponía el foco en la gestión de las autoridades locales, en la falta de obras, servicios básicos, pagos a trabajadores y manejo de recursos públicos en Bolívar, Junín, Chone y Tosagua.

El 27 de diciembre de 2023, su vehículo fue rociado con una sustancia química en el parqueadero de una dependencia del GAD Municipal de Bolívar. Beltrán atribuyó el ataque a su investigación sobre contratos públicos y puso una denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con su testimonio, meses antes había recibido llamadas que le exigían abandonar sus investigaciones. Fundamedios documentó el atentado y le ofreció asistencia legal y medidas de protección.

En enero de 2024, tras nuevos episodios de vigilancia a su domicilio, la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) y Fundamedios activaron sus protocolos de seguridad y coordinaron su reubicación temporal que se prolongo durante tres meses. El 8 de enero, la MAPP informó públicamente el caso, sin revelar su identidad, como el primer exilio de un periodista ecuatoriano en 2024. Días después, una persona en motocicleta acudió al domicilio de su familia para exigir su ubicación. Calceta Online dejó de funcionar durante ese periodo.

Tras su regreso, en mayo de 2025, Beltrán fue incorporado al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos  bajo un esquema de protección básica, que incluía visitas policiales periódicas a su domicilio.

El 14 de enero de 2026 recibió llamadas y mensajes de personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal y le advirtieron que atentarían contra su vida. Beltrán presentó directamente una denuncia por intimidación. El 2 de abril denunció ante la Fiscalía a la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz, por presunto enriquecimiento ilícito. Según su testimonio, la denuncia se filtró.

El 4 y el 8 de abril aparecieron en su vehículo y en su domicilio panfletos con amenazas de muerte que le exigían retirar la denuncia. El 9 de abril, en una jornada de violencia en Calceta y Junín, fueron asesinados dos colaboradores no periodísticos que lo apoyaban en tareas logísticas.

El 10 de abril, Fundamedios solicitó por escrito a la Fiscalía Provincial de Manabí atención reforzada y medidas integrales de protección. Según Beltrán, agentes policiales le sugirieron abandonar Calceta porque no podían garantizar su seguridad. El 15 de abril, la MAPP condenó públicamente las amenazas y lo reubicó temporalmente en una zona segura. Ese acompañamiento concluyó meses antes del asesinato.

El cantón Bolívar atraviesa una escalada de violencia armada. Los medios de comunicación locales reportan al menos ocho homicidios en la zona durante la última semana. Además, los medios señalan que la primera hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas entre grupos armados y mencionó denuncias penales en contra de Beltrán, sin precisar su estado procesal, fechas ni denunciantes. A la fecha, la Fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Fundamedios condena el asesinato de Tomás Beltrán. Esta es la forma más extrema de censura: silenciar a quien fiscalizaba la gestión pública, privar a la comunidad de Bolívar de información de interés público e intimidar a otros comunicadores de la zona. 

El Estado conocía el riesgo: Beltrán había denunciado amenazas en 2023 y 2026, estaba incorporado al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos  desde 2025 y la MAPP alertó públicamente su situación de alto riesgo en 2024 y 2026. 

Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación diligente e independiente que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales, e informe sobre el estado de las denuncias por amenazas presentadas