Ecuador, 03 de junio de 2026.- La Guía Práctica de Acceso a la Información Pública en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador fue presentada como una herramienta regional para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la auditoría social y el ejercicio del derecho a saber.
La publicación forma parte de un proyecto de apoyo al periodismo independiente y a la lucha contra la desinformación, financiado por la Unión Europea, y reúne análisis, recomendaciones prácticas, estudios de caso y bases de datos públicas útiles para periodistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía.
La guía aborda el derecho de acceso a la información pública en cuatro países de la región, y explica de manera clara qué información puede solicitarse, a qué instituciones acudir, cómo presentar un pedido y qué hacer cuando una entidad pública no responde, entrega información incompleta o niega el acceso sin una justificación suficiente.
En el caso de Ecuador, el capítulo fue escrito por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y parte de una idea central, el principal problema no es la inexistencia del derecho, sino la distancia entre su reconocimiento normativo y su ejercicio real.
El capítulo ecuatoriano analiza el marco jurídico vigente, incluyendo la Constitución, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública reformada en 2023, el rol de la Defensoría del Pueblo, el Portal Nacional de Transparencia y las nuevas tensiones derivadas de la protección de datos personales y de los argumentos de seguridad e inteligencia.
Además, identifica obstáculos frecuentes en la práctica, como respuestas aparentes, formatos poco útiles, enlaces incompletos, abuso de excepciones, reserva vaga, uso desproporcionado de datos personales y fragmentación institucional.
La guía sostiene que la información pública debe ser la regla y la restricción la excepción. Por ello, toda negativa debe contar con base legal, motivación específica y criterios de necesidad y proporcionalidad. Cuando sea posible, las instituciones deben optar por la entrega parcial, la versión pública, el testado o la anonimización, antes que negar por completo el acceso a la información.
El capítulo también incluye casos ecuatorianos que muestran cómo este derecho puede ser utilizado para investigar, litigar, exigir rendición de cuentas y revelar patrones de opacidad. Entre ellos, se aborda el acceso a información sobre vacunación durante la pandemia de COVID-19, el uso de la LOTAIP en investigaciones periodísticas sobre contratación pública y solicitudes que permitieron evidenciar ausencia de sustento institucional en actuaciones estatales.
El informe incorpora una base de portales públicos útiles para investigación y control ciudadano en Ecuador, con fuentes vinculadas a contratación pública, justicia, estadísticas nacionales, datos abiertos, compañías, impuestos, telecomunicaciones, salud, educación, trabajo, seguridad social y normativa oficial.
Con esta guía, se busca acercar el derecho de acceso a la información pública a más personas y promover su uso como una herramienta concreta para fortalecer el periodismo, la fiscalización ciudadana y la democracia.
Fundamedios invita a periodistas, organizaciones sociales, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general a revisar la Guía Práctica de Acceso a la Información Pública y a utilizarla como recurso para ejercer y defender el derecho a saber.