El juez Marco Tamayo negó este 8 de septiembre de 2016 la acción de protección que presentó la Unión Nacional de Educadores (UNE) para revertir la decisión del Ministerio de Educación de disolver al gremio. El Juez de la Unidad de Tránsito de Pichincha argumentó su negativa por considerar que lo reclamado por el gremio debe ser tratado por la vía contencioso-administrativa y “no procede en la vía judicial”, según detalló diario La Hora.
Tras esta negativa, se conoció que el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en una carta dirigida al presidente Rafael Correa solicitó información al Estado sobre la disolución de la organización de maestros y le recordó que la disolución administrativa de organizaciones sindicales es contraria al Convenio número 87 de la OIT. "Ante la gravedad de los hechos denunciados, me permito recordar también que la inviolabilidad de los locales y bienes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio pleno de los derechos sindicales. Mucho le agradecería que interponga sus buenos oficios para garantizar que la UNE pueda llevar a cabo sus actividades sindicales legítimas", reza la carta que concluye con la petición para que el gobierno comunique con urgencia las observaciones a la OIT.
Al respecto, Ciro Guzmán, abogado de la UNE aseguró a Fundamedios que tanto la disolución como la reciente negativa de la acción de protección atentan en contra los derechos a la libre asociación y el Convenio 87 mencionado por la OIT. Además, se refirió a la negativa de la acción de protección que, a su criterio, atenta contra lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.
“La ley dice que acción de protección se presenta contra actos u omisiones emitidos por una autoridad no judicial, y precisamente, el Subsecretario de Educación, quien resolvió disolver a la UNE es una autoridad no judicial. Ese argumento no tiene ningun sustento jurídico, estas acciones se presentan cuando se causa un daño irreversible y eso es lo que ocurrió con la UNE, se ha atentado el derecho a la libertad de asociación que está consagrado en convenios de DDHH”, apuntó Guzmán.
El abogado del gremio anunció que seguirán en la lucha y presentarán los recursos necesarios. De momento esperan ser notificados por escrito para poder apelar la negativa de la acción de protección y paralelamente continúan su defensa en el ámbito administrativo. Guzmán no descartó presentar un recurso extraordinario de revisión y medidas cautelares. Esta negativa ocurrió después de que el pasado 18 de agosto de 2016, el Ministerio de Educación notificara al gremio con su disolución definitiva, tras rechazar el pedido del sindicato de maestros de declarar la nulidad y el archivo del proceso iniciado el pasado 21 de julio de este año. Con esta acción se puso fin a una entidad con personería jurídica desde el 19 de abril de 1950.
