El 22 de mayo de 2015 el juez William Román Cañizares de la Unidad de Tránsito negó la Acción de Protección que solicitó diario La Hora por la sanción que le impuso la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por no haber cubierto ni difundido información sobre el acto oficial de rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. El Juez consideró que la sentencia de la entidad reguladora no vulneró el derecho a la libertad de expresión.
En diálogo con Fundamedios, Luis Vivanco, editor general de La Hora aseguró que este fallo implica la muerte de una parte del oficio periodístico y anunció que apelarán esta decisión. En ese sentido cuestionó los argumentos dados por el Juez quien, a decir de Vivanco, equiparó al periodismo con el servicio público del agua potable, y definió que los periodistas no tienen la discrecionalidad para escoger lo que se publica y lo que no. Vivanco también aseguró que el Alcalde de Loja se enorgulleció de ser quien “le puso los dientes a la Ley Mordaza”
El pasado 13 de mayo la Supercom sancionó a Diario La Hora con una multa de USD 3540 por no haber dado cobertura a la rendición de cuentas de Bolívar Castillo el pasado 23 de febrero de este año, tras una denuncia presentada por Burgomaestre, quien cuestionó que el medio “deliberadamente” omitió la difusión del informe de labores de esa autoridad y que a su criterio generó que la ciudadanía no pudiera conocer en qué se gastó el presupuesto destinado a obras en esa ciudad ubicada en la frontera sur del país.
Tras conocerse la multa el medio se declaró en rebeldía y anunció que no pagaría dicha multa, pues consideraron que la resolución deja un precedente administrativo “nefasto” para el ejercicio de la libertad de expresión y un “golpe” a la economía del medio.
En días pasados el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se pronunció respecto al caso La Hora y aseguró públicamente que las rendiciones de cuentas de los alcaldes son de interés público y que todos los medios deberían darles cobertura. Además, consideró que el rotativo, al acogerse a la resistencia, equivocó el camino, porque primero debió haber pagado, para luego apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Según citaron varios medios.
On May 22, 2015 Judge William Román Canizares Traffic Unit Protection Action refused to newspaper La Hora requested by the sanction imposed by the Superintendency of Information and Communication (Supercom) for not covered or disseminated information on the official ceremony of accountability Loja mayor, José Bolívar Castillo. The judge considered that the judgment of the regulator did not infringe the right to freedom of expression.
Speaking to Fundamedios, Luis Vivanco, editor of La Hora said that this decision involves the death of a part of journalism and announced they would appeal this decision. In that sense he questioned the arguments given by the judge who, to say Vivanco, equated to public service journalism drinking water, and defined that journalists do not have the discretion to choose what is published and what is not. Vivanco also said the Mayor of Loja was proud to be who "put teeth to the Gag Law"
On May 13 the Supercom Diario La Hora sanctioned with a fine of USD 3540 for not giving coverage to the accountability of Bolívar Castillo on 23 February this year, following a complaint lodged by Burgomaster, who questioned means "deliberately" omitted the dissemination of the report of work that authority and that his approach generated that citizens could not know what the budget for works in that city on the southern border was spent.
After learning the fine the average declared in default and announced it would not pay the fine, because they considered that the resolution leaves a "notorious" administrative precedent to the exercise of freedom of expression and a "blow" to the economy of means.
In recent days the superintendent of Communication, Carlos Ochoa, spoke about the case publicly stated time and accountabilities that mayors are of public interest and that all should give media coverage. It also found that the newspaper, to benefit from the strength, the wrong way, because first should have paid, then appeal to the Administrative Court. According to various media cited.
