Exgerente de hospital demanda a periodista por daño moral

Sep 8, 2026

Ficha Técnica del Caso

Fecha del hecho: julio de 2022

Hora aproximada: No determinada

Lugar: Babahoyo, provincia de Los Ríos

Víctimas o afectados: Martín Alfonso Soto Albán, periodista de Clicknoticias

Agresores identificados: Grace Vanessa Bayas Huilcapi, exgerente del Hospital Provincial General Martín Icaza de Babahoyo

Tipo de agresión: Procesos judiciales

Estado del caso: Proceso en trámite

Hace más de tres años que un periodista de Babahoyo enfrenta un proceso judicial en su contra, con todo el desgaste que ello conlleva. Se trata de Martín Alfonso Soto Albán, director del medio digital Clicknoticias (clicknoticias.com.ec)El 26 de julio de 2022, el medio digital publicó un reportaje sobre funcionarios de salud que consumieron bebidas alcohólicas en el interior del Hospital público Martín Icaza, en Babahoyo. La nota periodística incluía la fotografía en la que se veía a personal del hospital bebiendo licor en las instalaciones. Ese mismo día, la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado oficial anunciando la desvinculación de «la máxima autoridad» del hospital «luego de la difusión de una fotografía donde se constata una falta grave», además de la salida del funcionario de asesoría jurídica de la Coordinación Zonal y el inicio de 13 acciones administrativas disciplinarias contra funcionarios del hospital. La entonces gerente del hospital, Grace Vanessa Bayas Huilcapi, fue separada de su cargo.

Casi un año después, el 22 de agosto de 2023, Bayas Huilcapi presentó una demanda civil ordinaria por daños y perjuicios (proceso No. 12334-2023-00763) ante la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Babahoyo. Se trata de una denuncia contra el periodista Soto Albán y contra la persona jurídica del medio, Medios Digitales del Ecuador Clicknoticias S.A. B.I.C. (representada por su gerente general, Carmen Piedad Tapia Núñez). Según el acta de la audiencia preliminar, entre las pruebas documentales admitidas a la actora constan un certificado médico y un informe de laboratorio clínico, ambos del 22 de agosto de 2022, y dos informes periciales psicológicos (de abril y mayo de 2023), con los que la parte actora sustenta un cuadro de afectación de la salud derivado de la exposición pública generada por la publicación.En entrevista con Fundamedios, Soto relató que fue notificado en el primer trimestre de 2023: «El motivo que ella aduce es un supuesto daño moral y exige una reparación económica por 500 mil dólares». Dice que (…) tuvo un proceso de estrés postraumático que le había significado que fue señalada por la ciudadanía (…) y que eso la afectó en su salud y que tampoco podía trabajar». El periodista indicó que ha afrontado el proceso con una defensa particular contratada. Sobre el reportaje, sostuvo: «yo sé que hice bien mi trabajo (…) y más que todo el Ministerio tomó inmediatamente la decisión de separarla (…) indudablemente porque estábamos en lo correcto». Señaló además, que la publicación original ya no es visible en el medio digital porque lo habrían dado de baja la misma afectada.

Fundamedios tuvo acceso al expediente judicial del proceso No. 12334-2023-00763 (Unidad Judicial Civil, cantón Babahoyo), que registra, entre otros hitos, el acta de sorteo (22 de agosto de 2023), la citación a Soto Albán (completada el 15 de octubre de 2023), la calificación de la contestación a la demanda (13 de febrero de 2025), el acta de la audiencia preliminar (4 de junio de 2026) y los sucesivos diferimientos de la audiencia de juicio.

La información difundida era de evidente interés público y fue seguida de acciones administrativas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública. La interposición de una demanda civil por daño moral, que plantea una reparación económica excesiva, constituye un mecanismo que ejerce un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y afecta la capacidad de los medios y de los periodistas para investigar y reportar asuntos de relevancia para la sociedad.

Fundamedios hace un llamado a que los procesos judiciales relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión observen estrictamente los estándares de protección de la labor periodística y garanticen que las acciones legales no se utilicen para intimidar, silenciar o desalentar la difusión de información de interés público.

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