Sep 23, 2026

Agresiones verbales

 

El expresidente Rafael Correa dijo en X que «no ha habido gobierno que haya dado más información y transparencia» que el suyo y calificó a la periodista de El País, Carolina Mella, como «un buen ejemplo de la mediocridad y deshonestidad periodísticas». Lo hizo en respuesta a una publicación en la que Mella recordó que, durante el correísmo, los periodistas pasaron años sin poder entrevistar a funcionarios públicos ni acceder a información oficial.

Las afirmaciones de Correa omiten y contradicen hechos documentados por Fundamedios, organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la prohibición a sus ministros de dar entrevistas a medios privados, más de 1.200 procesos administrativos contra medios y una condena internacional al Estado ecuatoriano por una querella que él mismo presentó contra un periodista y un diario.

El 18 de septiembre de 2026, el periodista de Ecuavisa Paul Romero publicó en X que la posición del secretario de Administración Pública, José Julio Neira, era «la misma» que la del gobierno de Correa cuando, en 2012, prohibió a sus ministros dar entrevistas a medios críticos. Romero citaba la respuesta de Neira a la denuncia de Ecuavisa sobre la ausencia de funcionarios del Ejecutivo en sus espacios, caso documentado previamente por Fundamedios.

Mella respondió a Romero: «No se puede olvidar que en la época del correísmo pasamos años sin poder entrevistar a funcionarios y sin acceder a información oficial que se volvió cada vez más hermética. Todos lo miramos con preocupación en ese entonces. No deberíamos olvidar el pasado para no repetirlo.»

Correa contestó que en su gobierno se daban «decenas de declaraciones semanales, pero para TODOS los medios», que las entrevistas «se otorgaban básicamente a medios locales y pequeños, para impulsar una verdadera democratización del sistema» y que «centenas de periodistas pudieron entrevistar al presidente». Interpretó la crítica de Mella como un reclamo por no haber otorgado «pauta privilegiada» ni favorecido «los negocios de la mafia mediática».

Sobre la periodista, escribió: «Mella es un buen ejemplo de la mediocridad y deshonestidad periodística. Su argumento se reduce a «peor sos vos». Lástima, parece joven.» La publicación cerró con la etiqueta #NosGobiernanDelincuentes.

Un poco de historia…

El 9 de junio de 2012, en su enlace sabatino n.º 275, Correa anunció que ningún miembro de su gobierno iba a conceder entrevistas a medios privados, a los que calificó de «corruptos». Entonces preguntó: «¿Por qué nuestros ministros tienen que dar entrevistas a Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo si son negocios privados?». Días después, la ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, confirmó que los ministerios no darían entrevistas a medios privados. 

La propia publicación de Correa reconoce que las entrevistas se concedían de forma selectiva, según el tipo de medio.

Advertencia internacional: en junio de 2012, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue, cuestionó la medida y advirtió que instruir a los funcionarios sobre con qué medios hablar generaba «un mecanismo de censura». Fundamedios presentó una acción de protección contra la disposición; fue negada en septiembre de 2012 y la negativa se ratificó en segunda instancia.

Según cifras de Fundamedios mediante solicitudes de acceso a la información pública presentadas tras el fin del gobierno de Correa, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) abrió 1.210 procesos contra medios de comunicación: 550 de oficio y 660 por denuncia. De ellos, 705 resoluciones contienen una o más sanciones contra un mismo medio, lo que eleva el total de sanciones a 776. El monto de las sanciones económicas asciende a USD 2.416.633,95.

En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en el caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador, por violar la libertad de expresión del columnista Emilio Palacio y de tres directivos de El Universo. El caso se originó en una querella por injuria presentada en 2011 por Correa, entonces presidente, que derivó en condenas de tres años de prisión y una multa de 40 millones de dólares. La Corte dejó sin efecto esas sentencias. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, incluido el papel de las declaraciones públicas del entonces presidente.

Fundamedios registró 2.246 agresiones contra la libertad de expresión durante el gobierno de Correa.

De los nueve años de la llamada “Revolución Ciudadana”, más de 158 días fueron dedicados exclusivamente a imponer la “verdad oficial” en los medios de comunicación radiales y televisivos alineados con el oficialismo, a través de cadenas nacionales obligatorias. Estos mensajes del gobierno se tradujeron en un total de 22.841 minutos, o un aproximado de 3.792 horas que salieron al aire.

Desde el 2007 a diciembre de 2016, durante la gestión del presidente Rafael Correa, Fundamedios contabilizó la transmisión de 5.584 cadenas que fueron difundidas a nivel nacional, siendo el 2016 el año de mayor difusión de los productos comunicacionales del gobierno con un total de  2.405 cadenas de radio y TV que suman 5874 minutos, solo en ese año.

Fundamedios rechaza que el expresidente Rafael Correa niegue las restricciones a la libertad de prensa ocurridas durante su gobierno. Presentar como un modelo de transparencia a un gobierno que prohibió a sus ministros hablar con medios privados, que abrió más de 1.200 procesos administrativos contra medios y cuya actuación derivó en una condena internacional al Estado no se sostiene frente al registro documental. Esos hechos no son una opinión: constan en declaraciones del propio Correa, en resoluciones oficiales y en una sentencia de la Corte IDH. 

Recordar ese periodo es garantía de no repetición.  El acceso a las fuentes oficiales no puede depender de la línea editorial de quien las solicite, con independencia del gobierno de turno.