Hernán Higuera

Periodista que investigaba el mayor caso de corrupción durante el actual gobierno debe dejarlo por represalias contra su familia y el medio

Jun 20, 2026

Ficha Técnica del Caso

Fecha del hecho: 19 de junio de 2026

Hora aproximada: No determinada

Lugar: Pichincha, Quito

Víctimas o afectados: Hernán Higuera, periodista de Ecuavisa; Ecuavisa

Agresores identificados: Gobierno; José Julio Neira, secretario de Integridad Pública

Tipo de agresión: Uso abusivo del poder estatal / censura

Estado del caso: En seguimiento institucional

 

El periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera, decidió abandonar la investigación que venía realizando sobre el caso Progen y las irregularidades en contratos de generación eléctrica suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). Higuera explicó en sus redes sociales que la decisión la tomó luego de que su esposa y su hijo fueran separados de sus trabajos, en el sector público, después de que sus investigaciones se publicarán en los noticieros de Ecuavisa

La situación fue expuesta públicamente por Ecuavisa en una explicativa emitida en la noche del 19 de junio de 2026 durante su noticiero estelar. El medio expresó su preocupación por un patrón de represalias vinculadas a las investigaciones sobre el caso Progen, considerado el mayor escándalo de corrupción producido en el actual periodo de gobierno.

Durante las últimas semanas, el periodista investigó el expediente relacionado con el caso Progen, actualmente bajo procesamiento judicial, por delitos de peculado y otros conexos. Higuera revisó los expedientes que incluyen documentos, chats, notas de voz y otra información que plantea interrogantes sobre la adjudicación y ejecución de contratos de emergencia suscritos durante la crisis energética de 2024.

Las publicaciones de Ecuavisa abordaron, entre otros aspectos, posibles intervenciones de altas autoridades en el proceso contractual y presuntos acuerdos para evitar mecanismos de fiscalización. Participación que ha sido rotundamente negada por autoridades como el Secretario de la Administracióm, José Julio Neira, quién al mismo tiempo ataca a periodistas y medios que investigan el caso.

Una de las primeras reacciones a las investigaciones periodísticas sobre los reportajes provino del secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, quien difundió un video el 17 de junio n el que incorporó los logotipos de Ecuavisa y diario Expreso mientras cuestionaba las publicaciones relacionadas con este caso.

En la parte final del mensaje, Neira afirmó que algunas personas estaban «relacionadas hasta con Jordán» y que, a través de «sus medios aliados», impulsaban narrativas para vincular a altos funcionarios del Gobierno con el caso Progen. Estas declaraciones fueron realizadas mientras en pantalla se exhibían los logotipos de ambos medios de comunicación, lo que generó preocupación por un posible intento de desacreditar públicamente su trabajo periodístico y asociarlos con Xavier Jordán, prófugo de la justicia y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. De

Posteriormente, Neira publicó un mensaje en la red social X en el que volvió a cuestionar la cobertura de Ecuavisa sobre este tema. En esa publicación sostuvo que el medio actuaba con «mala fe» y pretendía instalar «narrativas maliciosas». Además, difundió una captura de pantalla de una conversación mantenida con el periodista Hernán Higuera, quien le había solicitado información para contrastar datos relacionados con la investigación.Como parte de esa publicación, Neira difundió un oficio del entonces Cordicom relacionado con un pedido de rectificación promovido por la Secretaría General de Integridad Pública contra Ecuavisa. El funcionario utilizó dicho documento para sostener públicamente que el medio había rectificado información difundida en sus reportajes sobre el caso Progen, y no entendía la razón del por qué estaban nuevamente preguntando sobre el tema. 

Después de estas acusaciones ocurrieron dos hechos que afectaron directamente a la familia de Hernán Higuera. El primero fue la terminación del contrato laboral de su esposa, quien se desempeñaba en una institución pública. La decisión fue comunicada mediante una notificación oficial sin que se detallaran públicamente las razones específicas de la desvinculación.

Posteriormente, el hijo del periodista, estudiante de medicina que realizaba su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, recibió una notificación mediante la cual se suspendía su plaza de formación.

El oficio citado por Ecuavisa señala que existía un excedente de estudiantes asignados al hospital y que era necesario optimizar las plazas disponibles, decisión que implicó la terminación de tres asignaciones, entre ellas la del hijo del periodista.

Frente a estos acontecimientos, Hernán Higuera resolvió apartarse de la cobertura del caso Progen.

Según Ecuavisa, el periodista decidió priorizar la seguridad y bienestar de su familia, por lo que no continuará investigando este caso.

Contexto

El caso Progen se refiere a una investigación penal abierta sobre los contratos de emergencia por más de USD 149 millones adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) a la empresa estadounidense Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.

La Fiscalía General del Estado investiga posibles responsabilidades por presunto peculado, al determinar que parte de los equipos contratados habrían sido antiguos, usados o técnicamente inadecuados para cumplir los objetivos previstos, generando un presunto perjuicio económico millonario para el Estado.

Las investigaciones periodísticas relacionadas con este caso han adquirido alta relevancia pública debido al impacto económico de los contratos y a las posibles responsabilidades administrativas y políticas derivadas de su ejecución.

Fundamedios rechaza enérgicamente las represalias estatales contra Hernán Higuera y su familia  por sus investigaciones periodísticas sobre un caso de corrupción de alto impacto; al punto de que Higuera decidió abandonar la investigación. La estigmatización de periodistas desde el poder y cualquier acción que pueda interpretarse como represalia generan un grave efecto inhibidor sobre la libertad de prensa y el control ciudadano. Ningún periodista debería verse obligado a elegir entre informar o proteger a su familia.

El uso de la posición de poder y de plataformas institucionales para señalar, desacreditar o estigmatizar a periodistas constituye una práctica incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión.

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