Periodista enfrenta proceso penal después de publicar información pública
Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 10 de junio de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Loja
Víctimas o afectados: Boris Sarango, periodista de Primer Reporte
Agresores identificados: Vidina Reichlin y su representante legal Marco Antonio Muñoz Mendieta
Tipo de agresión: Procesos judiciales
Estado del caso: En seguimiento institucional
El periodista lojano Boris Sarango, director del medio digital Primer Reporte y corresponsal de Fundamedios en la provincia de Loja, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso se origina en una publicación realizada el 2 de octubre de 2022 por el medio digital Primer Reporte, titulada “Había droga y armas de fuego en Malacatos”, elaborada a partir de información oficial difundida por la Policía Nacional a través de sus canales institucionales.
Según los antecedentes, la Subzona de Policía Loja No. 11 informó sobre un operativo ejecutado el 1 de octubre de 2022 en la parroquia Malacatos, donde se reportó la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas en delitos relacionados con la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El Departamento de Comunicación de la Policía Nacional distribuyó a medios de comunicación un boletín de prensa y material fotográfico del operativo, el cual fue utilizado por diversos medios locales para la elaboración de sus coberturas informativas.
En abril de 2024, Marco Antonio Muñoz Mendieta, apoderado judicial de la ciudadana extranjera Vidina Reichlin, una de las personas mencionadas en la información policial, presentó una acción legal en contra del periodista Sarango, alegando una afectación a su imagen y solicitando una indemnización de USD 15.000.
Como resultado de ese proceso, el juez dispuso la eliminación de la publicación del portal web de Primer Reporte. Posteriormente, la noticia fue retirada; sin embargo, un peritaje determinó que la eliminación no se habría realizado dentro del plazo establecido en la orden judicial.
A partir de estos hechos, el 21 de abril de 2026 se inició un nuevo proceso penal contra el periodista, en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Loja, por el presunto incumplimiento de la decisión judicial.
El 10 de junio de 2026 se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Sarango. En dicha diligencia, la autoridad judicial dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, la prohibición de enajenar bienes y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía, durante una instrucción fiscal estimada en aproximadamente 90 días.
La controversia judicial no se refiere a la veracidad de la información difundida ni a la obtención de los datos publicados, sino al supuesto incumplimiento de una orden judicial posterior que dispuso el retiro de la noticia del portal digital del medio.
Fundamedios expresa preocupación por la utilización de mecanismos penales contra periodistas por publicar información que ya es de conocimiento público. La organización recuerda que las restricciones posteriores a la difusión de información de interés ciudadano deben observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando generar efectos inhibitorios sobre el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada.