Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: Diciembre de 2025
Hora aproximada: No determinada
Lugar: La Libertad, provincia de Santa Elena
Víctimas o afectados: Joffre Ronquillo, activista y ciudadano denunciante
Agresores identificados: Personas no identificadas (presuntos actores vinculados a intereses afectados por la denuncia)
Tipo de agresión: Amenaza
Estado del caso: Sin denuncia fiscal inicial; seguimiento policial asignado; riesgo vigente
Según la información recabada por Fundamedios, las amenazas se intensificaron luego de que Ronquillo denunciara posibles delitos penales, entre ellos testaferrismo, lavado de activos y delincuencia organizada. La venta de las 93 hectáreas fue aprobada por el Concejo Cantonal a favor de una joven de 24 años, a un precio de casi USD 2,94 por metro cuadrado; lo que generó cuestionamientos por tratarse de un valor muy inferior al comercial.
Ronquillo aseguró haber recibido llamadas telefónicas y mensajes directos en los que se lo amenazaba de muerte, algunos de los cuales logró conservar como respaldo. Ante el riesgo para su seguridad, indicó que no presentó inicialmente una denuncia ante la Fiscalía, debido al temor de exponer su información personal y agravar su situación.
En su lugar, acudió a la Gobernación de Santa Elena, desde donde fue derivado a instancias de seguridad. Como medida de protección, se le asignó un agente para el seguimiento del caso. No obstante, el activista señaló que, actualmente, se encuentra en situación de desplazamiento interno. Cambio de domicilio y ha restringido completamente su vida pública para proteger su integridad.
El caso se produce en un clima de creciente hostilidad contra la fiscalización ciudadana y el periodismo de investigación en La Libertad.
Ronquillo advirtió que este escenario es particularmente grave debido a antecedentes de violencia. Recordó que Robinson del Pezo, uno de los primeros ciudadanos en denunciar públicamente esta operación, fue asesinado después de recibir amenazas de muerte. Un hecho ocurrido en pleno centro del cantón La Libertad. Tras ese crimen, Ronquillo quedó como una de las principales voces que continuó denunciando el caso.
La venta de las 93 hectáreas generó alarma pública debido a su magnitud, ya que el terreno representaría entre el 4 % y 5 % del territorio total del cantón, en una zona estratégica para la expansión urbana y ambientalmente sensible. Según el activista, el proceso de aprobación habría estado marcado por vicios administrativos, posibles conflictos de interés y vínculos familiares entre funcionarios municipales clave.
Si bien el Concejo Cantonal resolvió revocar la autorización de la compraventa tras la presión de medios nacionales, Ronquillo sostuvo que esta reversión no elimina la necesidad de investigar responsabilidades administrativas y penales, ni pone fin a los riesgos contra quienes denunciaron los hechos.
Fundamedios expresa su preocupación por este grave caso, que evidencia un patrón de intimidación y silenciamiento contra activistas, periodistas y ciudadanos que investigan y denuncian hechos de corrupción.
Las amenazas de muerte, el hostigamiento sostenido y el desplazamiento interno forzado constituyen violaciones graves a la libertad de expresión, al derecho a la participación ciudadana y a la integridad personal. La situación adquiere mayor gravedad al existir antecedentes de violencia letal contra otras personas que denunciaron los mismos hechos.