Se sanciona a tres legisladores por expresar comentarios

Ene 11, 2018
Censura

Tres legisladores fueron sancionados este 10 de enero de 2018, por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por sus expresiones vertidas en distintos escenarios. Es el caso de las asambleístas de oposición Cristina Reyes del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Galarza de Creo y el oficialista, Augusto Espinosa, de Alianza País (AP).

La sanción consiste en el impedimento de participar de actividades legislativas durante 10 días, sobre la base del Art. 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el cual determina como posibles sanciones: amonestación escrita, multas de hasta el 20% de la remuneración mensual; o suspensión temporal en el ejercicio del cargo, sin derecho a sueldo de hasta treinta días. A pesar de no haber sido notificados, el hecho trascendió una vez que se puso en conocimiento por legisladores miembros de dicho Consejo.

En rueda de prensa ofrecida la mañana del 11 de enero, las asambleístas de oposición rechazaron la sanción emitida por el CAL y aseguraron que no las van a callar. En ese sentido fueron enfáticas en señalar que para emitir sanciones “ridículas”, los del CAL se apresuran y tienen quorum, pero para fiscalizar actos de corrupción son lentos. Esto en referencia al pedido de juicio político contra el ahora exvicepresidente Jorge Glas.

La asambleísta Reyes fue sancionada por referirse al CAL como un consejo de “alcahuetería” legislativa, durante una entrevista en un medio de comunicación nacional, respecto al primer intento fallido del pedido de juicio político contra Glas y que fue inadmitido por ese Consejo. Se conoció que el proceso en su contra lo siguió la oficialista Norma Vallejo, en agosto.

Al respecto, Reyes aseguró que se ratifica en cada una de sus declaraciones y recordó que un alcahuete es quien encubre u oculta algo y, a su criterio, eso es lo que ha hecho este Consejo a cuyos miembros considera un “club de encubridores”.

Sobre su sanción y la emitida en contra de Galarza, la legisladora comentó que no está apegada a la ley ya que el numeral 3 del artículo 166 de la norma citada, y que les fue aplicada a las dos legisladoras se refiere al cometimiento de incidentes violentos, pero comentó que ninguna de las dos ha generado incidentes violentos, por lo que anunció que una vez que reciba la notificación formal, se declarará en resistencia y seguirá asistiendo a las sesiones del legislativo.

Por su parte, Ana Galarza fue sancionada por la publicación de un mensaje en Twitter del 2 de enero del 2018, en donde escribió que el CAL se arrogó funciones, por no haber calificado el primer pedido de juicio político en contra de Glas, tras una moción presentada por el asambleísta Carlos Bergmann.

Al respecto, Galarza aseguró que el CAL las quiere callar, pero que no van poder hacerlo. “Me ratifico una y mil veces, el Consejo de alcahuetería de la legislatura sí se arrogó funciones (...) cometieron un grave error para darnos 10 días, para darnos tiempo para investigar la corrupción, de igual manera me tendrán aquí presente en la Asamblea (...) nada ni nadie podrá amedrentarnos, no callarán nuestras voces, no callarán a los ecuatorianos de bien, esta sanción lo único que hace es fortalecernos”, concluyó.

Finalmente, la sanción contra Espinosa se dio en la aplicación del artículo 165, numerales 5 y 6 de la norma legislativa, el cual, sanciona las faltas: maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno y de las comisiones especializadas. Esto, por haber señalado en una reunión del Pleno que la opinión de la asambleísta Dallyana Passailaigue le era irrelevante.

Citado por diario El Comercio, Espinosa calificó la sanción de “absurda”, por considerar que no hubo falta. Dicha sanción fue tramitada a partir de una queja de la legisladora de oposición, Dallyana Passailaigue, por expresiones fuera de tono en el Pleno.

ACTUALIZACIÓN. La jueza de la Unidad Judicial Laboral de Quito, Lucila Gómez Rodríguez, ordenó el miércoles 17 de enero de 2018 la suspensión inmediata de la sanción a la asambleísta Cristina Reyes. Esto ocurrió tras el pedido de una medida cautelar y acción de protección que planteó la legisladora por la suspensión.
La jueza Gómez convocó a Reyes, al presidente de la Asamblea, José Serrano, y al procurador general del Estado, Diego García, a una audiencia pública el 22 de enero de 2018 en el Complejo Judicial Norte de Quito.