Diario Extra recibió un llamado de atención y una sanción por parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) este 17 y 18 de agosto de 2017 por dos publicaciones referentes a casos de asesinatos por delincuencia común, en donde se instó al diario a evitar el tratamiento morboso de la información.
El llamado de atención ocurrió por una portada que publicó el diario el 17 de agosto con la fotografía de un hombre abrazando el cuerpo ensangrentado de una mujer, bajo el titular “Aferrado al cadáver de su amada”. Según la SUPERCOM, “las imágenes explícitas difundidas por el medio revictimizan y violentan la integridad y dignidad de quienes protagonizan la noticia”. En ese sentido, la entidad reguladora recordó que la comunicación es un “servicio público” cuya prestación debe ir acorde las normas deontológicas que permitan a la ciudadanía mantenerse informada, salvaguardando la integridad y dignidad de aquellas personas sobre quienes se despliega un hecho noticioso.
La sanción ocurrió un día después del llamado de atención, tras un proceso iniciado a partir de la denuncia de la madre de Víctor Velasteguí Izurieta, por no dar paso a una rectificación solicitada en torno al caso del asesinato de su hijo, el cual se hizo público en julio, tras ser víctima de disparos por intentar recuperar su celular robado, en Guayaquil. Por esta denuncia presentada el 5 de julio, amparada en el artículo 23 de la Ley de Comunicación, referente al derecho a la rectificación, la SUPERCOM obligó al diario a pedir disculpas y publicar la rectificación solicitada por la señora Gloria Mercedes Izurieta Jácome, en las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio en el que se difundió el contenido el 05 de julio de 2017.
Al respecto, la entidad reguladora resolvió que el medio no verificó ni contrastó la información publicada, en donde se hacía referencia a supuestos antecedentes penales de Velasteguí y aseguró que el diario debió dar el derecho a la rectificación a la madre del fallecido dentro de las 72 horas de haberse planteado el pedido y no contestar la solicitud el día en que venció el plazo establecido por Ley.
Por su parte, el abogado del periódico, Roberto Andrés Carmigniani, explicó que los antecedentes penales publicados de la víctima fueron por investigaciones ocurridas en los años 1981 y 1986, que pueden conocerse a través de la Función Judicial o del Ministerio del Interior y que existe una falsa creencia de que los antecedentes penales son por sí mismos documentos que prueban o que convierten en delincuentes a personas.