Fundamedios expresa su preocupación ante iniciativas y pronunciamientos públicos que pretenden condicionar el ejercicio del periodismo —y, por extensión, la producción y difusión de información de interés público— a un título profesional o a mecanismos de habilitación restrictivos.
La libertad de expresión es un derecho humano universal. No es un privilegio gremial, ni una concesión del Estado, ni una actividad sujeta a permisos previos. En un sistema democrático, el debate público se nutre de una diversidad de voces: periodistas profesionales, comunicadores comunitarios, trabajadores de medios locales, investigadores, académicos, organizaciones sociales, denunciantes, ciudadanos que documentan hechos y múltiples actores que contribuyen a la circulación de información y opiniones. Reducir ese ecosistema a una lista cerrada de “autorizados” erosiona el pluralismo y debilita el control social sobre el poder.
Los estándares interamericanos son claros y vinculantes en su orientación: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85, estableció que las restricciones que, en la práctica, limiten el ejercicio del periodismo mediante requisitos de colegiación obligatoria o de habilitación excluyente son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte resaltó, además, la doble dimensión de la libertad de expresión: protege a quien emite información, pero también —y de modo esencial— a la sociedad que tiene derecho a buscar y recibirla sin interferencias indebidas. Cualquier medida que pretenda monopolizar quién puede informar afecta directamente el derecho colectivo a estar informado.
Fundamedios recuerda, además, que la calidad del periodismo no se garantiza mediante prohibiciones o sanciones contra quienes no poseen un título, sino mediante condiciones estructurales que fortalezcan el trabajo informativo: ética y autorregulación, transparencia editorial, acceso a la información pública, estándares profesionales verificables, formación continua y garantías de seguridad para quienes cubren asuntos de alto riesgo. Convertir una discusión sobre calidad en una fórmula de exclusión termina por abrir la puerta a la censura indirecta y a la persecución de voces incómodas, especialmente en contextos de violencia, corrupción y la penetración de intereses ilegales en instituciones públicas.
Por ello, Fundamedios:
- Rechaza cualquier intento de establecer requisitos excluyentes, habilitaciones obligatorias o medidas punitivas que limiten el ejercicio del periodismo o el derecho de la ciudadanía a difundir información y opiniones.
- Exhorta a las autoridades a abstenerse de promover reformas o interpretaciones normativas contrarias a los estándares del sistema interamericano, en especial al artículo 13 de la Convención Americana y a la OC-5/85.
- Invita a los gremios y actores del sector a encauzar el debate hacia el fortalecimiento real del periodismo: mejores condiciones laborales, seguridad integral, formación y mecanismos de autorregulación, sin caer en propuestas que, por su diseño o efectos, restringen derechos.
La democracia necesita más periodismo, no menos; más voces, no listas negras; más información verificable, no permisos para hablar. La libertad de expresión pertenece a todas las personas y su defensa exige resistir cualquier forma —abierta o indirecta— de censura y control.