Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 18 de febrero de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Guayas, Guayaquil
Víctimas o afectados: GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA (editora de Diario Expreso y Diario Extra)
Agresores identificados: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS)
Tipo de agresión: Uso abusivo del poder estatal
Estado del caso: Intervención dispuesta y notificada; interventora designada; informes mensuales ordenados
El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) notificó, mediante oficio, la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2026-00473, la intervención de la compañía GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, casa editorial de Diario Expreso y Diario Extra.
Según el documento, la intervención se dispuso “con el objeto de supervigilar la marcha económico-financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”, al amparo del numeral 5 del art. 354 de la Ley de Compañías.
Estas disposiciones suelen darse por incumplimiento normativo, por irregularidades societarias graves o por situaciones que podrían afectar la estabilidad económica o los derechos de socios y terceros.
Esta intervención se realiza por pedido de Inmobiliar, ya que el Gobierno reclama el control de 2.56% de las acciones de Granasa —en un proceso que se disputa judicialmente— y con ello ha señalado que tiene el derecho de utilizar una gran cantidad de información sobre la administración, finanzas e incluso la defensa legal de la empresa periodística. Granasa se ha negado a reconocer cualquier cambio de accionistas y, por lo tanto, también se ha negado a entregar información a los funcionarios de la Presidencia de la República que la han solicitado. En información publicada en sus portales web reafirmaron que “nada de esto, ni la intervención de la Superintendencia de Compañías, podrá doblegar la independencia de la línea editorial e informativa de EXPRESO y EXTRA.”
Tras la notificación, Diario EXPRESO difundió un comunicado en el que respondió a oficios relacionados con el intento de revertir la transferencia del 40 % del paquete accionario de la empresa, señalando que no existe una orden judicial firme que anule dicha transferencia, realizada hace más de seis años. En la carta firmada por el procurador judicial de GRANASA, Eduardo Carmigniani, se sostiene que revertir esa operación implicaría alterar el libro de acciones sin sustento judicial y sin el consentimiento de las partes involucradas.
Remitido. pic.twitter.com/MFQZm5I6mS
— Diario Expreso (@Expresoec) February 19, 2026
Fundamedios confirmó que la notificación de intervención fue recibida y que, hasta el cierre de esta alerta, no se ha registrado una intervención física en las redacciones ni en los equipos periodísticos. La medida, por ahora, se ejecuta en el ámbito administrativo.
Diarios Expreso y Extra publicaron la nota “Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar”. Allí se explica que, la resolución de la Superintendencia estaría sustentada en la negativa de GRANASA de entregar información solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), actualmente adscrita a la Presidencia de la República.
De acuerdo a lo publicado por el medio, Inmobiliar invocó su calidad de accionista del 2,56 % de la compañía para requerir información societaria. Sin embargo, ese porcentaje accionario se encuentra actualmente en disputa judicial. Entre la información requerida constaría el detalle de los asesores legales y de los casos atendidos, lo que, a criterio de la empresa, vulnera la reserva abogado-cliente y excede los límites legales.
La Superintendencia de Compañía habría considerado que esa negativa afecta los derechos del accionista y, con base en ello, dispuso la intervención. “Además, es pública la posición crítica de Diario EXPRESO frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas”, se lee en el texto publicado hoy.
La intervención es una figura contemplada en la Ley de Compañías y se aplica bajo causales específicas, generalmente vinculadas a irregularidades graves, riesgos financieros, afectaciones a socios o terceros o incumplimientos normativos. Se trata de una medida temporal, cuyo objetivo formal es corregir las causas que motivaron su imposición. En casos extremos, puede derivar en procesos de disolución.
Contexto del caso:
La intervención de GRANASA se produce tras varios meses de tensión entre el Gobierno y los diarios EXPRESO y EXTRA.
En septiembre de 2025, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre presuntas diferencias tributarias de distribuidores de periódicos fueron filtrados a portales digitales antes de que la propia empresa haya sido notificada oficialmente , lo que derivó en una campaña pública que intentó vincular a la editora con supuestos delitos tributarios. Posteriormente, altos funcionarios emitieron declaraciones anticipando posibles responsabilidades penales.
En octubre de 2025, el presidente ejecutivo de GRANASA rindió versión ante la Fiscalía dentro de una indagación previa por presunto lavado de activos, proceso que se mantiene en fase reservada.
En diciembre de 2025 y en enero de 2026, la Superintendencia de Compañías impulsó un proceso para revertir la transferencia del 40 % del paquete accionario de la empresa, lo cual fue impugnado judicialmente por la accionista afectada. La Superintendencia dispuso revertir dicha transferencia. La accionista presentó una acción de protección alegando vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa. El 21 de enero de 2026, el juez negó la acción de protección en primera instancia.
GRANASA sostuvo públicamente que no existe orden judicial firme que anule la transferencia accionaria realizada en 2020 y que revertirla implicaría alterar el libro de accionistas sin sustento judicial.
En ese mismo periodo, EXPRESO denunció restricciones para cubrir eventos oficiales del Ejecutivo.
Fundamedios expresa su rechazo a la intervención de GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA), dispuesta por la Superintendencia de Compañías.
Si bien la intervención es una figura prevista en la Ley de Compañías, su aplicación en el caso de una empresa periodística que ha publicado investigaciones críticas sobre la gestión gubernamental exige el más alto estándar de transparencia, legalidad y proporcionalidad. La libertad de prensa no solo se protege frente a la censura directa, sino también frente al uso de mecanismos administrativos que pueden derivar en presiones indirectas o afectar la sostenibilidad de medios independientes.
Fundamedios advierte que ningún órgano de control puede convertirse en una herramienta de presión política contra los medios críticos. La supervisión financiera o societaria no debe, bajo ninguna circunstancia, traducirse en injerencia editorial ni en condicionamientos operativos que afecten el derecho de la ciudadanía a recibir información plural. La acumulación de acciones estatales en los últimos meses configura un entorno que compromete seriamente las garantías democráticas.