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El 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó al semanario La Verdad, de Machala -ciudad ubicada a 500 Km de Quito- con dos amonestaciones escritas y cuatro multas económicas que suman aproximadamente USD 8 mil dólares, cantidad dos veces mayor al patrimonio del medio de comunicación que podría llevarlo a su extinción.
De acuerdo a la resolución emitida por la entidad de control, el medio violentó la prohibición establecida en el artículo 25 de la LOC, por supuestamente haber tomado posición institucional respecto de la culpabilidad de personas involucradas en una investigación legal, por la publicación de las notas tituladas: “Fiscal Salinas investiga muerte de comerciante asesinado presuntamente por municipales” y “Saqueó la casa del Juez Machala que lo dejó en libertad”, publicadas en la edición 444 del 18 al 25 de mayo de 2014.
Por ese motivo, al medio se le impuso una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses.
La segunda sanción económica se dio por supuesta inobservancia al artículo 30, numeral 4 de la LOC referente a la información de circulación restringida acerca de niñas, niños y adolescentes, por la publicación de las notas tituladas: “Denuncian a fiscal por no acusar a presunto violador de menor de edad” y “Las FARC usaron niños bomba”, de la misma edición. Por este motivo se le impuso una multa de 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas.
La tercera multa tiene relación con lo anterior y se dio por supuestamente transgredir el artículo 32 referente a la protección integral de menores de edad, por lo que se le impuso una sanción de cinco remuneraciones básicas.
Finalmente, la quinta sanción económica se dio por supuestamente incumplir con el artículo 60 de la Ley, respecto a la obligación de clasificar contenidos, mientras que las amonestaciones escritas se dieron por no expedir el Código Deontológico en su portal web y por no respetar los derechos de autor y las normas de citas se expidió otra amonestación por escrito, previniéndole que mejore sus prácticas .
Por su parte, el propietario del semanario, Nelson Chacahuasay reconoció que, si bien se cometieron algunos errores que ya han sido corregidos, cuestionó que la audiencia de sustanciación se llevó a cabo sin que él pudiera contar con un abogado defensor que tendría que haber sido proporcionado por la Supercom, por lo que no pudo refutar los argumentos expuestos por los abogados de esa entidad. Chacahuasay también cuestionó el monto de la multa que terminaría con su medio de comunicación cuyo patrimonio es menor a USD 4 mil, por lo que ha decidido apelar a esta resolución.
Weekly is sanctioned six times and could disappear
On September 23rd, 2014, the Superintendence of Information and Communication (Supercom) sanctioned the weekly La Verdad, of Machala -city located 500 Km from Quito- with two written warnings and four financial penalties totaling approximately USD $ 8,000, twice the amount of the media outlet assets that could lead to its extinction.
According to the resolution issued by the control entity, the media outlet violated the prohibition of the Article 25 of the Communications Law, for allegedly taking institutional position on the guilt of people involved in a legal investigation, the publication entitled “Fiscal Salinas investiga muerte de comerciante asesinado presuntamente por municipales” and “Saqueó la casa del Juez Machala que lo dejó en libertad”, published in issue 444 from 18 to 25 May 2014. Therefore, the newspaper was fined equivalent to 2% of their averaged income over the last three months.
The second financial penalty against the journal was for alleged failure to Article 30, paragraph 4 of the Communications Law regarding restricted circulation information about children and teenagers, the notes entitled: : “Denuncian a fiscal por no acusar a presunto violador de menor de edad” and “Las FARC usaron niños bomba”, in the same edition. For this reason they fined the journal with the payment of 10 basic salaries.
The third penalty is related to the above for allegedly violation of Article 32 concerning the comprehensive protection of minors, which was imposed a penalty of five basic wages.
Finally, the fifth financial penalty was given for allegedly failing to comply with Article 60 of the Act regarding the obligation to classify content, while the written warnings were given for not issuing the Code of Ethics on its website and for not respecting the copyrights and other ethical rules. For this a written warning was issued and the journal must improve its practices.
Meanwhile, the owner of the weekly, Nelson Chacahuasay acknowledged that some errors were committed they have been already corrected. He also criticized the Supercom because at the time of the public hearing held in that institution, it happened without his defense attorney and the Supercom should have provided one, but this never happened, so he was unable to defend himself and refute the arguments by Supercom lawyers. Chacahuasay also questioned the amount of the fine that would end their media whose total assets is less than USD 4000, so has decided to appeal this decision.
