LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. El 31 de marzo de 2017 se presentó en la Asamblea el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social con el que se busca estatizar las formas de participación y organización ciudadana.
La presidenta de la Comisión Especializada de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Cedeño, presentó el proyecto de ley, en cuyos objetivos consta el organizar el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, establecer requisitos y requerimientos para otorgar la personería jurídica a las organizaciones y sanciones a las organizaciones, en casos de “incumplimiento de los mecanismos, instancias y espacios de participación ciudadana y control social”, según consta en el texto del proyecto.
En 61 páginas, el proyecto de ley delimita los tipos de organizaciones sociales, sus derechos y obligaciones, así como establece requisitos para la aprobación o reforma de los estatutos de una organización.
Al igual que en los Decretos Ejecutivos Nro 16 y 739, y que han sido ampliamente cuestionados por atentar en contra del derecho a la libre asociación, en el proyecto de ley se establecen causales de disolución de una organización como el desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida o el dedicarse a actividades de política partidista que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública.
El proyecto de ley también contempla un capítulo dedicado al control de las organizaciones, en donde se establecen controles del funcionamiento de las mismas, tributarios y aduaneros, entre otros.
Con el objetivo de buscar detener el trámite de este Proyecto de Ley en la Asamblea, este 18 de abril de 2017, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron en la función Judicial una acción de protección y medida cautelar, por considerar que si se aprueba este proyecto se afectarían el derecho de asociación o consulta ambiental. En ese sentido,la Conaie ha cuestionado que no hubo consulta prelegislativa ni tampoco se socializó la construcción del proyecto con la sociedad civil o pueblos y nacionalidades indígenas.
En varias ocasiones Fundamedios junto a otras organizaciones de la sociedad civil han señalado ante instancias judiciales nacionales y organismos internacionales de protección de Derechos Humanos la incompatibilidad de los Decretos 16 y del 739 con la legislación interna y los estándares internacionales que garantizan la Libertad de Asociación. Esto fue refrendado por las recomendaciones que hizo el Comité de DDHH de la ONU, en el último examen a Ecuador en junio y julio de 2016.
Es por esto que, hacemos un firme llamado al Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional a no calificar este proyecto de Ley, pues al ser una copia íntegra del Decreto 739, se constituiría en un instrumento jurídico que en lugar de garantizar la libre asociación, legalice la persecución a la organizaciones de la sociedad civil como ya ha sucedido en los últimos años.
