La presión pública contra GRANASA escala con un nuevo comunicado oficial desde la Presidencia
Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 30 de junio de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Quito; espacio digital
Víctimas o afectados: GRANASA; diario EXPRESO; diario EXTRA
Agresores identificados: Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia
Tipo de agresión: Uso abusivo del poder estatal
Estado del caso: En seguimiento institucional
La Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, dependencia directa de Presidencia, difundió, el 30 de junio de 2026, un extenso comunicado contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, en el que anunció acciones civiles y penales por presuntos pagos irregulares dentro de la compañía.
Lo preocupante es que el comunicado no se limita a informar sobre la presentación de acciones judiciales. En sus dos páginas se desarrolla una narrativa acusatoria contra GRANASA y sus propietarios: detalla supuestos pagos por más de USD 1,6 millones por presuntas “asesorías” al gerente general de la empresa y que estas transacciones se habrían realizado “probablemente sin contrato”, y sin conocimiento o aprobación de la junta de accionistas y bajo circunstancias que “podrían” contravenir la normativa vigente.
La Secretaria General de la Administración Pública afirma que la controversia es “estrictamente societaria y patrimonial” y que no existe interés en la línea editorial de GRANASA. Sin embargo, la difusión pública ocurre en un contexto de presión estatal, previamente documentado por Fundamedios, contra la empresa editora de Expreso y Extra.
GRANASA respondió públicamente que, la Secretaría trasladó al espacio público una controversia que debería tramitarse por vías legales y societarias. En su pronunciamiento, la empresa cuestionó que la entidad haya emitido acusaciones mientras, según la propia respuesta del medio, aún estaba vigente el plazo para entregar información requerida. Además, EXPRESO y EXTRA señalaron que responderán cada acusación en los espacios correspondientes y que continuarán haciendo periodismo.
Este nuevo episodio ocurre después de la intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías, en febrero de 2026 a pedido de Inmobiliar, otra entidad adscrita a la Presidencia de la República y accionista minoritaria de la empresa.
Fundamedios ya alertó que la medida generaba un precedente grave para la independencia editorial de los medios involucrados
En septiembre de 2025, el Secretario General de la Administración, José Julio Neira, realizó una serie de acusaciones públicas contra la empresa editora de Expreso y Extra, vinculándola con presuntas irregularidades financieras y tributarias.
El 21 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de GRANASA por hasta seis meses. Fundamedios también alertó que la medida podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.
El 15 de junio de 2026, Neira apareció en un video difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales, acusando a Diario Expreso y otros medios de comunicación de haberse “aliado” con Rafael Correa para construir narrativa en su contra.
Fundamedios reconoce que toda institución pública tiene derecho a ejercer las acciones judiciales que considere necesarias para proteger el patrimonio estatal.
Sin embargo, cuando el Estado mantiene controversias con empresas periodísticas, sus actuaciones deben observar un estándar reforzado de prudencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso. La difusión de imputaciones públicas basadas en expresiones como “probablemente”, “aparentemente” o “se presume” puede instalar una narrativa oficial de descrédito antes de que los hechos sean determinados por la justicia.