La tarde del pasado 24 de enero Juan Alcívar, periodista de Diario La Hora, recibió una convocatoria a audiencia por parte del Comité Obrero Patronal de Justicia y Disciplina deI Ministerio de Educación. En el documento, se solicita la presencia del también docente junto a su abogado defensor, debido a las “versiones emitidas en la prensa y ofensas constantes emitidas en redes sociales a los dirigentes”.
Alcívar afirma conocer ciertos hechos “desde adentro”, ya que también se desempeña como profesor. El periodista establece que el cobro de “diezmos” a los conserjes, que cita en el artículo “Presuntos Diezmos a Conserjes” publicado en Diario La Hora el 17 de diciembre de 2018, es un hecho que ha constatado personalmente.
En la publicación, tres trabajadores de planteles educativos denuncian el descuento no autorizado de valores para el mantenimiento de la sede del sindicato en Santo Domingo de los Tsáchilas. Dichas personas fueron suspendidas por el sindicato con fecha 14 de enero de 2019 y también convocados a audiencia. Los implicados afirman en el artículo de Alcívar no tener afiliación alguna ni con el Comité Obrero Patronal de Justicia y Disciplina deI Ministerio de Educación, ni con el Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Educación en Santo Domingo.
En entrevista con FUNDAMEDIOS, Alcívar sostuvo que esto es una técnica de amedrentamiento para silenciar el descuento de valores no autorizados a trabajadores de los planteles educativos. Por esta razón, el periodista no se presentó a la audiencia convocada para el 25 de enero de 2019. Agrega que él tampoco tiene relación o afiliación alguna con el Comité Obrero Patronal de Justicia y Disciplina deI Ministerio de Educación.
Fundamedios condena la atribución de competencias jurisdiccionales del denominado Comité Obrero Patronal de Justicia y Disciplina deI Ministerio de Educación. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, “la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (…) que corresponde a la juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia.” Rechazamos el uso de una justicia paralela para censurar y silenciar denuncias de presuntos actos de corrupción.