Ministro advierte a medios y ciudadanos con “responsabilidades penales”

Sep 9, 2016

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El Ministro de Turismo y exSecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, amenazó a diario Expreso y a los medios de comunicación y usuarios en redes sociales de posibles responsabilidades penales para quienes “hablen de sanciones, acusados y culpables”. Esto, tras recientes publicaciones hechas respecto a un informe de Contraloría, en donde se señaló que la Secretaría de Comunicación ha utilizado recursos públicos para promocionar a candidatos políticos, entre otras irregularidades.

En un comunicado público divulgado el 6 de septiembre de 2016, Alvarado advirtió a los medios de comunicación “que han hecho publicaciones acusando a personas y empresas, que transgreden el artículo 66 numeral 18 de la Constitución de la República, que salvaguarda los derechos de la libertad de las personas, reconociendo y garantizando el honor y el buen nombre de estas. El COIP en su artículo 182 estipula y sanciona como ‘calumnia’ las falsas imputaciones de un delito, quien lo hiciere atenta contra este derecho inherente al ser humano, consagrado en la Carta Magna”.

Al respecto, el funcionario señaló de manera especial a diario Expreso, al cual culpó de haber adelantado acusaciones de peculado y aseguró que el informe de Contraloría aún debe pasar por la aprobación del Departamento de Responsabilidades para que determine responsabilidades administrativas y civiles.  “Mientras no haya nada juzgado no se puede manchar la honra de nadie, como lo están haciendo ciertos medios de comunicación y políticos de oposición. La justicia se procesa en los juzgados e instituciones que la ley señale, y no en los titulares de medios de comunicación irresponsables”, apuntó.

Alvarado solicitó a los medios que su comunicado -que fue divulgado en su página web- sea leído y publicado de manera “íntegra en los medios”, en donde mencionó de manera específica a diario Expreso. Cabe anotar que si bien este tipo de pedidos no son obligatorios, los medios de comunicación en el Ecuador los acogen para evitar sanciones, en aplicación de la Ley de Comunicación.