La Unión Nacional de Educadores (UNE) pidió este 10 de agosto la nulidad y el archivo del proceso de disolución que inició el Ministerio de Educación el 21 de julio, cuando el gremio de educadores fue notificado. Este 10 de agosto se cumplió el plazo para que la UNE presente su respuesta ante las autoridades
Según el gremio, la resolución, que tiene la firma de Fernando Alberto Yánez Balarezo, subsecretario del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito, “carece de motivación constitucional y debe declararse nula y sancionar al funcionario que la expidió”. La razón que dio la UNE es que “no se individualizan, describen o detallan los argumentos fácticos con circunstancias de tiempo y lugar que constituyen una posible infracción o incumplimiento en los que hayan presuntamente incurrido los dirigentes o miembros de la organización. Tampoco se enuncian las normas específicas presumiblemente violadas”.
En ese sentido, el gremio citó las recientes observaciones del Comité de DDHH de la ONU, emitidas en su Sexto informe periódico del Ecuador, en donde expresó su preocupación sobre la legislación del Estado, la cual a criterio de este organismo, contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas. Según la UNE, al carecer de motivación, se está violentando el debido proceso y se impide al gremio ejercer su derecho a la defensa.
El inicio del proceso de disolución del gremio, que agrupa al sindicato de educadores más grande y antiguo del país, fue considerado como una represalia puesto que esto ocurrió después de que Rosana Palacios, presidenta de la UNE, participara de las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado mes de junio. En aquellas instancias la UNE presentó información sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación en los últimos años.
