Jul 13, 2026

Agresiones verbales

 

 

Un periodista del medio digital Lanceros Digitales fue víctima de hostigamiento verbal y estigmatización mientras realizaba la cobertura del conflicto territorial entre la comunidad ancestral Tzawata-Ila Chukapi y la empresa Terraturismo, en la provincia de Napo. El incidente ocurrió el 2 de julio de 2026 y quedó registrado en un video difundido posteriormente por el medio.

#ATENCION

Abogado vinculado a la Empresa TerraTurismo amenaza a comunicadores comunitarios que cubrían las incidencias del conflicto entre la comunidad @tzawata.ila.chukapi y la empresa. De manera airada arremete contra los Lanceros Digitales increpando al comunicador pic.twitter.com/THjoG37UNM

— Lanceros Digitales (@LancerosDigital) July 4, 2026

Según el medio, el hecho ocurrió mientras varios comunicadores comunitarios documentaban  el ingreso de maquinaria pesada a pesar de la oposición de la comunidad ancestral asentada en el territorio.

Durante la cobertura, un abogado vinculado a la empresa Terraturismo, Gerson Guamán, increpó de forma agresiva al periodista de Lanceros Digitales que registraba los acontecimientos.

En el video se observa la presencia de comuneros, representantes de la empresa y efectivos de la Policía Nacional en medio de un ambiente de tensión. Mientras el periodista grababa los hechos, el abogado de Terraturismo se dirigió hacia él con expresiones despectivas y estigmatizantes como: “Tú, lancero digital, mentiroso”, “cobarde” y otras referencias que tenían como objetivo desacreditar su labor periodística. El comunicador, ante los ataques, dijo que se encontraba ejerciendo su trabajo y continuó grabando.

Fundamedios conversó con Andrés Tapia, cofundador de Lanceros Digitales, quien señaló que el periodista no participaba en las acciones de protesta ni intervenía en el conflicto, sino que se limitaba a registrar los hechos de interés público. «No se estaba haciendo una incidencia, ni siquiera a favor o en contra; se estaba transmitiendo en vivo y grabando lo que estaba sucediendo», explicó. Según Tapia, el hostigamiento habría estado motivado por la cobertura que Lanceros Digitales ha realizado del conflicto territorial y por la difusión de testimonios y hechos relacionados con la situación de la comunidad que vive con el miedo latente a ser desalojadas de sus tierras.

El director de Lanceros Digitales asegura que el abogado se dirigió al periodista para cuestionarlo e intentar desacreditar tanto su trabajo como al medio. Tapia señaló que el comunicador evitó responder a las provocaciones y continuó realizando su cobertura.

El representante de Lanceros Digitales afirmó, además, que el incidente ocurre en un contexto de creciente hostilidad contra quienes documentan el conflicto. Según explicó, desde que iniciaron las coberturas sobre la situación de la comunidad Tzawata-Ila Chukapi, el medio ha registrado una creciente cantidad de mensajes hostiles en redes sociales, mensajes de odio y acusaciones dirigidas contra sus periodistas. También señaló que han circulado mensajes en grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales en los que se descalifica el trabajo del medio y se atribuyen supuestos intereses detrás de la cobertura periodística.

Lanceros Digitales rechazó públicamente las agresiones y advirtió que este tipo de comportamientos ponen en riesgo la seguridad e integridad de sus comunicadores. El medio señaló que las intimidaciones se producen mientras documenta un conflicto de alto interés público relacionado con derechos territoriales, acciones de desalojo y denuncias formuladas contra miembros de la comunidad.

Fundamedios recuerda que los medios comunitarios cumplen una función fundamental para garantizar el derecho de las comunidades a informar y estar informadas, especialmente en contextos de conflictividad social, ambiental y territorial. Su labor de documentar hechos de interés público, recoger testimonios y visibilizar las preocupaciones de las poblaciones locales constituye un aporte esencial al debate democrático. Cualquier acto de hostigamiento, estigmatización o intimidación contra periodistas y comunicadores comunitarios vulnera la libertad de expresión y limita el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre asuntos que afectan a sus territorios y derechos.