Decenas de ciudadanos cubanos fueron desalojados de un campamento situado en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, durante un operativo policial ocurrido la madrugada del 6 de julio que derivó en la retención de personas, cuyo estatus migratorio sería revisado para una posible deportación. Según abogados defensores de derechos humanos y varios testimonios recogidos por medios locales, hubo represión y agresiones físicas en contra de los extranjeros, quienes iniciaron la acción colectiva con el fin de conseguir una visa humanitaria para garantizar su paso seguro hacia los Estados Unidos.
En diálogo con Fundamedios, el abogado Javier Arcentales, uno de los patrocinadores de los ciudadanos cubanos, aseguró que en el operativo ocurrido a las 02:30 de la madrugada, participaron miembros de la policía de migración pero también de la policía antimotines bajo el pretexto de ser un “control migratorio”.
Arcentales cuestionó la acción por considerarla desproporcionada, “criminalizadora” de la migración y que afecta los derechos de libertad de expresión y asociación puesto que, según dijo, hubo maltratos y detenciones a 147 personas -cifra manejada por los activistas en DDHH- entre ellas, cuatro niños, un adolescente y una mujer embarazada quienes fueron llevados a la Unidad de Flagrancia. “Esta acción está contraviniendo principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos sobretodo en materia migratoria, no se sabe exactamente cuáles han sido los cargos, no hay partes policiales y las personas permanecen detenidas. Al final es una acción intimidatoria que busca que no haya más cubanos que traten de hacer lo mismo, es una acción disuasoria que está coartando la libertad de manifestarse por sus derechos”, apuntó el abogado.
Testimonios recogidos por el canal de TV Ecuavisa dieron cuenta de los maltratos: "Nunca hemos lanzado un golpe, nunca hemos agredido; sin embargo, nos han dado patadas, nos han dado de todo a mujeres embarazadas, a niños, tenemos personas ahí con cáncer, adultos mayores, personas discapacitadas, operados", afirmó el ciudadano cubano Yurisal Ríos. Algo similar expresó Joffre García, quien aseguró: "Se llevaron a la gente arrastrando por el piso. Pidieron documentos, a los ilegales se los llevaron todos presos y no sabemos dónde están".
Los ciudadanos cubanos permanecieron una semana de acampada ante la embajada mexicana en Quito, tras lo cual fueron desalojados a finales de junio por las fuerzas de seguridad. Posteriormente, se apostaron en el parque La Carolina y finalmente al parque El Arbolito en donde, según aseguraron, contaban con un permiso del Municipio de Quito para instalar su campamento. Sin embargo, en declaraciones públicas, el ministro del interior, José Serrano, afirmó que fueron 63 los ciudadanos aprehendidos y reiteró que ellos no tenían ni autorización de la Intendencia de Policía y de ninguna instancia para hacer esa concentración pública. La cifra de detenidos difiere de la manejada por los activistas y tampoco está claro que, si tenían autorización municipal para uso del espacio público, podía intervenir la Intendencia de Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno.
Al momento se conoce que Efraín Sánchez, uno de los dirigentes de los cubanos, fue sentenciado a 5 días de cárcel por alterar el orden público, según confirmaron activistas de derechos humanos. Ellos permanecen en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de Quito a la espera de que se realice la audiencia del resto de detenidos. Hay cuestionamientos de parte del grupo legal que los patrocina porque han permanecido más 30 horas en esta unidad, es decir más del tiempo que permite la Ley.
Un primer grupo de una treintena de personas fue llevado a la Unidad Judicial de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores. A las 11 y 30 del 7 de julio se inició la primera de las audiencias que se desarrollan de manera individual y de carácter reservado. Aún no se conocen veredictos.
La información está en desarrollo.
Cuban citizens are evicted, repressed and arrested in violent operation in El Arbolito Park
Dozens of Cuban citizens were evicted from a camp in Parque del Arbolito, in north central Quito, during a police operation that took place in the early hours of 6 July and led to the detention of persons whose immigration status will be reviewed for possible deportation. According to human rights defense lawyers and several testimonies collected by the local media, there was repression and physical attacks against the foreigners, who have initiated a collective action in order to get a humanitarian visa to ensure their safe passage to the United States.
Speaking with Fundamedios, lawyer Javier Arcentales, one of the Cuban citizens' advocates, said that in the operation that took place at 02:30 am participated members of the migratory police but also riot police under the pretext of conducting an "immigration control".
Arcentales questioned the operation, considering it disproportionate, saying it "criminalized" migration and affected the rights of freedom of expression and association of those involved because, he said, 147 people - a figure presented by human rights activists - were mistreated and arrested, including four children, a teenager and a pregnant woman who were taken to the Flagrancy Unit. "This operation contravenes constitutional principles and international standards on human rights, especially in matters of migration. We do not know exactly what the charges have been, there are no police reports and the people remain detained. In the end it is an intimidating action that aims to prevent more Cubans from trying to do the same, it is a deterrent that is undermining the freedom to demonstrate for one's rights", said the lawyer.
Testimonies collected by TV station Ecuavisa described the abuse: "We have never thrown a punch, we have never attacked, but they have kicked us, they have beaten pregnant women, children, we have people there who have cancer, who are elderly, disabled, have been operated", said Cuban citizen Yurisal Ríos. Something similar was expressed by Joffre García, who said: "They took people dragging them across the floor. They requested documents, those who are illegal were all arrested and we do not know where they are".
The Cuban citizens camped for a week before the Mexican embassy in Quito, after which they were evicted in late June by security forces. They were stationed later at La Carolina park and finally at El Arbolito park where, they claimed, they had a permit from the Municipality of Quito to install their camp. However, in public statements, Interior Minister José Serrano said that 63 citizens were arrested and they had no authorization from the Police Administration or any agency for that public gathering. The number of detainees differs from the figure presented by activists. It is not clear whether, if they had municipal authorization for the use of this public space, the Police Administration, under the authority of the Ministry of Government, could intervene.
At the moment it is known that Efraín Sánchez, one of the Cuban leaders, was sentenced to 5 days in jail for disturbing public order, as confirmed by human rights activists. They remain outside the Flagrancy Unit of Quito, pending the hearing of other detainees. There are questionings from the legal group that represents them because they have remained over 30 hours in this unit, more than time permitted by law.
A first group of about thirty people was taken to the Judicial Unit of Criminal Guarantees, Contraventions and Juvenile Delinquents. The first hearing began at 11:30 on 7 July. They are carried out individually and behind closed doors. The verdicts are not yet known.
