Jun 23, 2026

Uso abusivo del poder del Estado

 

Entre abril y junio de 2026, Ecuavisa ha venido recibiendo una serie de solicitudes de réplica y rectificación, por parte del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), relacionadas con reportajes e investigaciones periodísticas difundidas por el medio.

Según la documentación revisada por Fundamedios, las solicitudes provienen de diversas instituciones estatales, como el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP); el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y la Secretaría General de Integridad Pública.

En varios casos, las entidades remitieron piezas audiovisuales elaboradas por sus propios departamentos de comunicación y solicitaron que fueran difundidas por Ecuavisa como parte del supuesto ejercicio del derecho a la réplica o a la rectificación.

Tras analizar cada requerimiento, el medio respondió que no se cumplían los supuestos legales establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación para la procedencia de estos mecanismos, al no existir información falsa o inexacta que justificara su aplicación.

El primer caso ocurrió el 8 de abril de 2026, cuando el Cordicom trasladó una solicitud presentada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura sobre contenidos relacionados con el programa de becas “Because He Is Nice”. Dos días después, el organismo insistió en el requerimiento.

El 14 de abril, el Consejo remitió solicitudes similares, impulsadas por el BIESS, CELEC EP e IESS, respecto a reportajes sobre la administración de recursos públicos, la infraestructura estratégica y los servicios estatales. En todos los casos, Ecuavisa respondió negativamente mediante comunicaciones debidamente motivadas.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 21 de mayo de 2026, cuando el Consejo de Comunicación trasladó a Ecuavisa una solicitud de rectificación presentada por la Secretaría General de Integridad Pública respecto de un reportaje sobre el denominado “Caso Progen”.

La entidad cuestionó una afirmación relacionada con una falta de respuesta por parte de José Julio Neira a un pedido de información sobre la designación de un veedor. La Secretaría General de Integridad sostiene que sí había emitido una contestación oficial. Además, solicitó que la rectificación se difundiera en condiciones equivalentes a las de la publicación original.

Ecuavisa rechazó el pedido, argumentando que el periodista Hernán Higuera realizó gestiones de contrastación antes de la publicación y que, posteriormente, incorporó en una nueva cobertura los descargos emitidos por la Secretaría General de Integridad Pública. Por lo que, el canal concluyó que no se configuraban los presupuestos legales para una rectificación obligatoria.

Las cadenas nacionales y un aparataje estatal de censura 

Sin embargo el hecho más preocupante ocurrió el 1 de junio de 2026, cuando la Defensoría del Pueblo notificó a Ecuavisa la admisión de una gestión oficiosa relacionada con una de las solicitudes de réplica previamente trasladadas por el Consejo de Comunicación hacia esta entidad.

La actuación fue abierta dentro del trámite No. DPE-0901-090101-4-2026-59011-LRD y guarda relación con una solicitud de réplica remitida por el propio Cordicom.

Ante esto, Ecuavisa presentó sus descargos y la documentación correspondiente. El 19 de junio, la Defensoría notificó que había trasladado la respuesta del medio al Consejo de Comunicación para los fines pertinentes.

Según la respuesta presentada por Ecuavisa ante la Defensoría del Pueblo, una vez que el medio rechazó la solicitud de réplica relacionada con el programa de becas de inglés “Because He Is Nice” el contenido habría sido difundido mediante cadena nacional obligatoria.

El medio sostiene que esta situación resulta especialmente preocupante porque el material difundido en cadena nacional correspondía precisamente al mismo contenido que previamente había sido considerado improcedente como réplica tras el análisis jurídico realizado por la empresa periodística.

Ecuavisa también cuestionó la forma en que fueron notificadas estas cadenas nacionales. En un caso la orden de transmisión fue comunicada con apenas diez horas de anticipación y, en otro, con menos de una hora, pese a que la Ley Orgánica de Comunicación establece un plazo mínimo de 24 horas.

En sus descargos, el canal argumentó que la utilización de cadenas nacionales para difundir contenidos previamente rechazados como réplicas podría desnaturalizar una figura excepcional destinada a la comunicación de asuntos de interés público general y convertirla en un mecanismo alternativo para imponer contenidos gubernamentales en la programación de medios privados.

Adicionalmente, Fundamedios conoció que Ecuavisa fue objeto de una inspección por parte de Arcotel en medio de este contexto, lo que incrementa la preocupación por una posible acumulación de actuaciones estatales dirigidas contra el medio.

¿Qué dice la Ley al respecto?

El artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que el derecho a la réplica corresponde a toda persona que haya sido directamente aludida en información que afecte su honra, dignidad o reputación. La norma prevé que la solicitud debe ser presentada por la persona afectada y no otorga al Consejo de Comunicación facultades para actuar como representante permanente de instituciones públicas.

Las funciones legales del Consejo de Comunicación están orientadas a promover las libertades de expresión y de prensa, proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación, monitorear las agresiones y fortalecer el ejercicio de estos derechos.

Este caso adquiere especial relevancia por los antecedentes históricos del país. Durante la vigencia de la anterior Ley Orgánica de Comunicación, la extinta Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) fue ampliamente cuestionada por la apertura de procesos administrativos contra medios y periodistas. Fundamedios documentó que la aplicación de esa normativa constituyó una de las principales amenazas a la libertad de expresión entre 2014 y 2016. Solo en 2016 se registraron 168 casos de sanciones y procesos contra medios y periodistas.

Investigaciones posteriores identificaron cientos de procedimientos impulsados contra medios de comunicación, muchos de los cuales concluyeron con multas, amonestaciones, rectificaciones obligatorias y disculpas públicas. Estas prácticas fueron señaladas por organizaciones nacionales e internacionales como incompatibles con los estándares de libertad de expresión.

Fundamedios rechaza rotundamente el uso creciente de instituciones y mecanismos estatales para desacreditar investigaciones periodísticas y contenidos de interés público difundidos por medios de comunicación independientes. Lo ocurrido con Ecuavisa no puede analizarse como un hecho aislado. 

La activación sucesiva de solicitudes de réplica impulsadas por entidades públicas, actuaciones de la Defensoría del Pueblo, la utilización de cadenas nacionales, inspecciones administrativas y campañas de deslegitimación contra periodistas configuran un escenario preocupante para la libertad de prensa en Ecuador.

La gravedad de estos hechos radica en la falta de tolerancia frente a las críticas y al escrutinio público que derivan en represalias, hostigamiento institucional y presión sobre su línea editorial. Este tipo de prácticas genera efectos inhibitorios no solo sobre el medio afectado, sino sobre todo el ecosistema periodístico.

Fundamedios recuerda que, Ecuador ya vivió una etapa en que las distintas estructuras estatales fueron utilizadas para perseguir y disciplinar a medios críticos. 

La reaparición de dinámicas que involucran a múltiples organismos públicos frente a coberturas periodísticas incómodas al poder constituye una seria amenaza para la democracia, el control ciudadano del poder y el derecho de la sociedad a estar informada.