Actualización. En la madrugada del 11 de julio se produjo otro traslado “violento y arbitrario” de al menos 70 personas de nacionalidad cubana, quienes fueron llevadas en autobuses al aeropuerto de Tababela, en Quito, para su deportación. Así lo denunció Francisco Hurtado, activista de derechos humanos y uno de los abogados patrocinadores, quien ha sostenido que este hecho se configura como una expulsión colectiva de personas.
Según este activista, en un operativo ocurrido en la madrugada se llevaron a algunos de los ciudadanos cubanos que permanecían detenidos en el “Hotel Carrión”, un centro de acogida para personas indocumentadas, que ha sido denunciado como una prisión no oficial. “Ahora solo quedarían unas 50 personas en este lugar, mientras que se desconoce el paradero de las 75 personas que, según el Ministerio del Interior, fueron deportadas por no tener una situación migratoria irregular”, apuntó el abogado, quien denunció que no se tiene confirmación alguna de que estas personas, que salieron del país, hayan aterrizado en Cuba.
En un comunicado oficial emitido esta mañana por el Ministerio del Interior, se informó que este 11 de julio “se cumplió con la deportación del segundo grupo de ciudadanos cubanos a su país de origen. Según esta cartera de Estado, son en total 31 hombres y 15 mujeres que no justificaron su estatus migratorio.. A este grupo se suman 29 ciudadanos cubanos que fueron deportados el sábado 8 de julio. Lo que da un total de 75 los migrantes deportados, según la cifra oficial. Sin embargo, Hurtado cuestionó que no hay listas oficiales y que las cifras no coinciden, puesto que cree que podrían ser más. Además, se teme que existan más traslados de este tipo, mientras el hermetismo continúa.
Esta mañana se conoció que una treintena de cubanos que fueron llevados en autobuses al aeropuerto fueron regresados nuevamente al Hotel Carrión sin que se dieran explicaciones oficiales del hecho.
Para Hurtado, la situación es compleja puesto que estas personas han sido expulsadas sin que la justicia ecuatoriana haya resuelto todavía el recurso de hábeas corpus interpuesto luego de la detención de los ciudadanos cubanos el pasado 6 de julio, lo que complicaría las cosas si un juez resuelve acoger este recurso en favor de los inicialmente 147 detenidos.
También Human Rights Watch emitió un comunicado de condena a las deportaciones masivas y resaltando el hecho de que muchos de los cubanos habían solicitado refugio, por lo cual no podían ser expulsados y devueltos al país de origen.
Los ciudadanos cubanos permanecieron una semana de acampada ante la embajada mexicana en Quito, luego fueron desalojados a finales de junio por las fuerzas de seguridad. Posteriormente, se apostaron en el parque La Carolina y finalmente al parque El Arbolito de donde fueron retirados violentamente y luego aprehendidos, pese a que contaban con permisos municipales para ocupar esos espacios. Ellos iniciaron esta acción colectiva con el fin de conseguir una visa humanitaria para garantizar su paso seguro hacia los Estados Unidos. Las deportaciones, en suma, son represalias a un acto de expresión legítima de protesta y una violación al derecho fundamental de reunión pacífica.
Cuban citizens continue to be expelled by the Ecuadorian Government in violation of their fundamental rights
In the early morning of 11 July there was another "violent and arbitrary" transfer of at least 70 Cuban nationals, who were taken in buses to Tababela airport in Quito for deportation. This was denounced by Francisco Hurtado, human rights activist and one of the advocate lawyers, who claims that this event amounts to a collective expulsion of people.
According to this activist, in an operation that took place in the early morning, some of the Cuban citizens who were detained at "Hotel Carrión" were taken away. This is a reception center for undocumented people that has been described as an unofficial prison. "Now only about 50 people are allegedly still in this place, while the whereabouts of the 75 people who, according to the Interior Ministry, were deported for having an irregular immigration status, is unknown", said the lawyer, who denounced they have no confirmation that any of these people, who left the country, have landed in Cuba.
In an official statement issued this morning by the Interior Ministry, it was reported that on 11 July "a second group of Cubans citizens was deported to their country of origin". According to this State ministry, a total of 31 men and 15 women who did not justify their immigration status. These are added to the 29 Cuban citizens who were deported on Saturday 8 July. Which gives a total of 75 migrants deported, according to official figures. Hurtado, however, stated that there are no official lists and the numbers do not match, since he believes there could be more. Moreover, it is feared that there will be more transfers of this kind, while the secrecy continues.
This morning it was known that thirty Cubans who were taken on buses to the airport were then returned back to Hotel Carrion without any official explanation.
Hurtado believes the situation is complex, because these people have been expelled without the Ecuadorian courts resolving the habeas corpus filed after the arrest of the Cuban citizens on 6 July, which will complicate things if a judge decides to accept the appeal and rule in favor of the initially 147 detainees.
Human Rights Watch also issued a statement condemning the mass deportations and highlighting the fact that many of the Cubans had requested asylum, and therefore could not be expelled and returned to their country of origin.
The Cuban citizens camped for a week before the Mexican embassy in Quito, after which they were evicted in late June by security forces. They were stationed later at La Carolina park and finally at El Arbolito park from where they were violently removed and then arrested, despite they had a permit from the Municipality of Quito to occupy that space. They initiated a collective action in order to get a humanitarian visa to ensure their safe passage to the United States. The deportations, in short, are retaliation against an act of legitimate expression of protest and a violation of the fundamental right of peaceful assembly.
