Este 1 de febrero, la Defensoría del Pueblo ofreció una rueda de prensa en sus instalaciones, en Quito, junto a representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE). El gremio fue disuelto el 18 de agosto de 2016. Durante el gobierno de Rafael Correa, se enfrentó a persecución política y hostigamiento, que limitaron y prohibieron actividades en beneficio de sus miembros.
En ese entonces el sindicato de educadores intentó inscribir la directiva para el período 2013-2016 ante el Ministerio de Educación, como lo establece su estatuto. Sin embargo, el se negó su inscripción y, bajo los decretos ejecutivos No. 16, del 4 de junio de 2013; y 739, del 3 de agosto de 2015, se inició el proceso de disolución. El argumento: que la UNE no cumplía con los fines para los cuales fue constituida.
En la rueda de prensa, Gina Benavides, defensora del Pueblo (e), estableció que la resolución tomada por el Ministerio de Educación, en 2016, viola el derecho humano a la libre asociación. El derecho se encuentra establecido en la Constitución de la República y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Defensoría insta publicamente al Ministerio de Educación a anular la resolución y a restituir, por acto administrativo, la personería jurídica del sindicato. También exhorta a la Asamblea Nacional a adecuar las leyes vigentes para el real y efectivo goce de derechos de libre asociación y sindicalización. Adicionalmente, solicita al Presidente de la República, en su papel de colegislador, sancionar favorablemente las normas con el fin de garantizar los derechos previamente vulnerados. Finalmente, se insta a todas las instituciones del Estado y al sector privado a respetar y garantizar el derecho humano a constituir organizaciones con el fin de defender colectivamente sus derechos laborales.
