LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. Catorce tipos de agresiones han sufrido las mujeres que integran Acción Ecológica, según lo denunciaron el pasado jueves 29 de diciembre de 2016 a través de una rueda de prensa. Entre las agresiones figuran: incitación a la violencia contra las activistas ambientales, descalificaciones, intimidación policial, seguimientos al margen de la ley, robos, amenazas telefónicas. Esto se conoció luego de que el Gobierno dispusiera el cierre de la organización el pasado 22 de diciembre.
Una de las principales agresiones al colectivo es el robo de los equipos informáticos de Gloria Chicaiza, integrante de Acción Ecológica y especialista en la problemática socioambiental ligada a la minería, así como un ataque sexual el 11 de diciembre a una activista de la organización, de quien no se dio su nombre.
Frente a este hecho, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) apeló a que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones pertinentes denunciadas en voz de su integrante Natalia Bonilla. Por su parte, Diana Murcia, integrante de la (FIDH) rechazó el ataque regional que sufren las activistas , particularmente aquellas que hacen veeduría ciudadana a los procesos extractivistas. En esa misma línea, Ana Vera, activista por los derechos de las mujeres, exigió que el Estado cumpla con su papel garante de derechos y criticó lo que a sus ojos constituye un ataque sistemático en contra de la organización de la sociedad civil.
Tras esto, el 30 de diciembre se conoció el comunicado emitido por un grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU, el cual criticó "las medidas represivas" del Gobierno ecuatoriano para "asfixiar a la sociedad civil", tras la orden de cierre contra Acción Ecológica que apoya los derechos ambientales e indígenas. El informe de cinco relatores especiales de la ONU pidieron al gobierno de Rafael Correa revocar su decisión de disolver a la organización ambientalista. Los expertos son parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano independiente del sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que investiga y monitorea situaciones concretas en todo el mundo, bajo las directrices del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Sin embargo, el gobierno, lejos de acoger el pedido de los expertos, los descalificó. La Cancillería ecuatoriana a través de un comunicado, acusó a los expertos de “violar” el Código de Conducta, al pronunciarse de esa forma sobre el proceso de disolución de Acción Ecológica y cuestionó que se estos se hayan pronunciado solo dos días después de haber requerido información al Estado “para recabar elementos adicionales que permitan formar una opinión objetiva e imparcial”. En ese sentido, la Cancillería señaló que el comunicado “contiene aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan la situación en Morona Santiago”, que a mediados de diciembre fue declarada por el Gobierno en estado de excepción en medio de un conflicto minero.
El 6 de enero de 2017, Acción Ecológica presentó sus pruebas de descargo ante el proceso de disolución iniciado por el Ministerio de Ambiente y lo hizo con una marcha a la que acudieron simpatizantes de la organización en su respaldo. Antes, en una rueda de prensa, se explicó a los medios el contenido de los documentos para su defensa.
Alexandra Almeida, actual presidenta de Acción Ecológica comentó que el documento de respuesta para su defensa se dividió en cuatro partes. La primera se dedicó a un repaso sobre la normativa internacional y de la Constitución en la que se garantiza el derecho a la asociación. La segunda habla sobre el trabajo de esta organización durante sus 30 años de existencia. En la tercera parte se presentan las pruebas de descargo ante las acusaciones del Ministerio del Interior.
La ONG insistió en que la acción de disolución es parte de una serie de agresiones sistemáticas en su contra. Al respecto, una de sus integrantes, Esperanza Martínez, cuestionó que la acción de inicio de disolución no es solo un tema jurídico sino también político e insistió en que no se puede prohibir a una organización que se pronuncie y manifieste
