La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó este 15 de diciembre de 2016, la sentencia que condena a un año de prisión contra Pablo Chambers y Gerardo Portillo, dos de los cuatro veedores ciudadanos que investigaron los contratos que mantenía el hermano del Presidente de la República con el Estado.
El tribunal de la CNJ negó la casación “por improcedente” y ratificó la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal de la Sala Penal la Corte Provincial de Pichincha en septiembre de 2014, cuando los dos veedores fueron declarados culpables de haber cometido el delito de falso testimonio por haber concluído en su informe de la veeduría, que el presidente Rafael Correa conocía acerca de los contratos de su hermano. Afirmaron además que en los procesos hubo preferencias e ilegalidades ocasionando un grave perjuicio al Estado.
Ramiro Román, abogado de Chambers y Portillo, aseguró en rueda de prensa que nunca se ha probado un falso testimonio y que hubo contradicciones porque aceptaron el informe de veeduría como verdadero, pero luego hablaron de un falso testimonio. Román basó el pedido de casación en el error frente a la aplicación de la Ley. Sin embargo, aseguró que negaron la casación y resolvieron por algo que no fue planteado, como una indebida aplicación de la ley que, a su criterio, es una causal distinta para casar la sentencia. Al momento la defensa de los ex veedores ciudadanos deberá esperar una notificación escrita para interponer los recursos de aclaración y ampliación.
En diálogo con la prensa, Chambers recordó que ya han pasado siete años afrontando este proceso por haber hecho bien su trabajo y aseguró que está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario, porque cree que la ciudadanía necesita reaccionar y saber que los ciudadanos tienen el poder de controlar al poder y que la gente honesta no debería ir a prisión. En ese sentido se preguntó por qué, ahora que el Presidente sabe de estos contratos, tampoco ha hecho nada. Por su parte, Portillo aseguró que se siente un perseguido político y que este proceso le ha afectado a su vida personal y a su trabajo y apuntó que también estaría dispuesto a ir a prisión.
Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando los veedores –elegidos por sorteo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar las investigaciones- concluyeron en su informe que el Primer Mandatario conocía acerca de los contratos de su hermano y que hubo perjuicio para el país con la terminación unilateral de los contratos por parte del Estado. Según el abogado se perdieron unos USD 144 millones. Las empresas de Fabricio Correa recibieron USD 440 millones en contratos del Estado. Con base en la divulgación de estas conclusiones, la Fiscalía pidió que se procese a Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, quienes fueron llamados a juicio en septiembre de 2012. Sin embargo, la sentencia absolvió a José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo pese a que el informe por el cual fueron acusados tenía la firma de todos los integrantes de la Comisión.
