En la misma línea del presidente Rafael Correa, la Cancillería ecuatoriana descalificó al Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Édison Lanza y al Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, tras la emisión de un comunicado en el que se alertó respecto a la aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador.
En un comunicado público, la Cancillería aseguró que rechaza todas las aseveraciones realizadas, el 3 de noviembre por los Relatores y lamenta que “se insista en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos”. Al respecto, la Cancillería cuestionó a la CIDH por los informes que elabora esa entidad y que a su criterio, dicha información “está plagada de imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad”. También cuestionó a las fuentes que utiliza la Relatoría a la hora de elaborar sus informes y se refirió a Fundamedios de quien se dijo es “una organización abiertamente de oposición al Gobierno Nacional, que comparte importantes fuentes privadas de financiamiento con la Relatoría, lo que le resta toda objetividad e imparcialidad a sus informes. Asimismo, la Relatoría se nutre de información proveniente de los directivos de la asociación de dueños de los medios de comunicación respondiendo a una agenda política y sectorial clara”.
En ese sentido, la Cancillería aseguró que “gran parte del financiamiento de la Relatoría no proviene del fondo regular de la Organización de Estados Americanos, sino de contribuyentes especiales de los Estados Unidos de América, incluyendo el salario del Relator”.
Para concluir, el Gobierno de Ecuador volvió a pedir a las Relatorías Especiales de la CIDH y de la ONU que revisen toda la información remitida por el Estado ecuatoriano y reiteró el pedido para que todas las imprecisiones, omisiones y errores detectados sean rectificados públicamente y a la mayor brevedad. Sin embargo, no se puntualiza cuáles son esos supuestos errores u omisiones. Tampoco se menciona nada sobre el concurso de frecuencias, que también motivó la preocupaciones de los relatores expresadas en el mismo comunicado.
En su última sabatina del 5 de noviembre, el presidente Correa se refirió al comunicado de los relatores y dijo lo siguiente: “Ya lo mandaron a Ginebra al ni se cuanto de la ONU, de la CIDH, que en Ecuador no hay libertad de expresión. Falta tanta libertad de expresión que lo pueden decir todos los días. Se cae por su propio peso la mentira, prepárense que esta prensa corrupta es parte de la campaña política. Nos quiere lo más rápidamente afuera. Entonces a esa prensa a no creerle absolutamente nada.”
También desacreditó a Fundamedios como organización de la sociedad civil. “Porque para ellos organizaciones sociales es Fundamedios, financiada por la extrema derecha de Estados Unidos, informante de la CIA, que dice representar a los periodistas. Cuando patearon a una periodista de Telesur no dicen esta boca es mía. Cuando agreden a periodistas de los medios públicos no dicen esta boca es mía. Pero cuando hasta las mujeres ponen un juicio de divorcio a un periodista, atentado a la libertad de expresión. Periodista enjuiciado. Entonces con esas farsas jamás vamos a estar relacionados, jamás vamos a contestar a esa clase de organizaciones”.
ACTUALIZACIÓN: El Superintendente de la información y comunicación Carlos Ochoa rechazó el comunicado de los relatores y aseguró: "Creemos que existe una grave contradicción al advertir que en la LOC hay figuras vagas y ambiguas y que por tanto su aplicación debe obedecer a restricciones claras y precisas, sin embargo por parte de los relatores no se presenta un solo argumento válido que fundamente esta errada afirmación", apuntó el funcionario, quien dijo, en conferencia de prensa, que "es claro que los relatores replican el discurso de algunos medios de comunicación que se presumen por encima de la Ley y acogen criterios de agrupaciones como Fundamedios, Aedep y la SIP, vinculados no solamente y económicamente a ellos, sino incluso a su propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que ha recibido financiamiento, lo cual podría ser ilegal", conluyó.
