La madrugada del 29 de agosto, decenas de policías ingresaron por asalto a dos edificios de la Unión Nacional de Educadores (UNE), en un operativo que llegó pasada la medianoche a su sede en Guayaquil y cerca de las 05:30 de la mañana en Quito, según denunciaron sus dirigentes, quienes calificaron el hecho de “ilegal” y “arbitrario” tras dar la primera alerta mediante redes sociales.
Sin dar explicaciones y sin orden judicial, decenas de policías llegaron en buses, rompieron candados y forzaron el desalojo de quienes se encontraban en vigilia bajo amenaza de ser detenidos si no se retiraban. En esta primera intervención, la Policía se llevó ordenadores y documentos y se pudo constatar algunos destrozos de vidrios, puertas y otros documentos. No obstante, los profesores pudieron seguir en el edificio y pudieron dar una rueda de prensa, a las 08:30 de la mañana.
A las 12:00, la Policía procedió a desalojar a empujones a los periodistas que estaban informando desde el exterior de la sede principal de la UNE nacional, ubicada en el sector centro norte de Quito y luego inició la toma del edificio dónde se hallaban decenas de profesores resistiendo a la intervención policial. Para la emisión de esta alerta, se había cortado la luz en el edificio y se esperaba la toma del edificio por parte de la Policía en cualquier momento.
En la mañana, Rosana Palacios, presidenta del gremio cuestionó la llegada del operativo en la madrugada y en “la oscuridad como delincuentes” y denunció que los uniformados no sólo destruyeron candados, sino que se llevaron documentos y computadoras. “Han destruido lo poco que nos queda,”, apuntó en declaraciones a los medios.
Elvis Moreira, presidente de la UNE de Pichincha aseguró que esta acción representa un “asalto prepotente, arbitrario e ilegal” por parte del Ministerio de Educación que llegó con la fuerza policial y una comisión liquidadora que ellos no reconocen.
Ciro Guzmán, abogado de la UNE aseguró que el gobierno no puede nombrar una comisión liquidadora, puesto que el auto de disolución cita que la cartera de Estado debe nombrar una comisión liquidadora, pero, siempre y cuando el estatuto de la organización disuelta no contemple algo sobre los bienes. Sin embargo, el estatuto de la UNE aprobado en 2012 dice en su artículo 57 que en caso de disolución, serán los docentes con sus directivos nacionales quienes definan el destino de los bienes, por lo tanto si vienen con su comisión (cómo está sucediendo) sería un asalto, apuntó.
El pasado 18 de agosto de 2016, el Ministerio de Educación notificó a la Unión Nacional de Educadores (UNE) con su disolución definitiva, tras rechazar el pedido del sindicato de maestros de declarar la nulidad y el archivo del proceso iniciado el pasado 21 de julio de este año. Con esta acción se pone fin a una entidad con personería jurídica desde el 19 de abril de 1950.
La resolución fue emitida por la Subsecretaría del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito, firmada por Fernando Alberto Yánez Balarezo y justificó la disolución en el artículo 22, numeral 7 del Reglamento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales el cual cita como causal de disolución de una organización el “Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”. También en el artículo 18 de dicho Reglamento, el cual se refiere a la elección de directiva y registro y designa una comisión liquidadora de los socios de la organización.
