Diario El Mercurio, de la ciudad de Cuenca, denunció ser víctima de insultos y ofensas sistemáticas en redes sociales de parte de Ministros nacidos en esa ciudad y de personas del partido oficialista Alianza PAÍS, tras haber publicado una nota titulada: “Gente pide agua; Correa sube el IVA” el 21 de abril de 2016.
A través de su cuenta en Twitter (@mercurioec) el medio de comunicación afirmó que dicho titular “ha indignado y molestado al grupo político que gobierna este país, nos han tildado de todo, hasta de odio, por parte del Gobernador del #Azuay, quien se sumó a la lista de #trolls”. En ese sentido, el diario rechazó esa ofensas y aseguró que no estarán dispuestos a aceptarlas. “No las merecemos, porque no hemos ofendido ni insultado a nadie, hemos dicho la verdad, como siempre. Si la verdad les incomoda, pues allá ellos. Este medio, por sus 91 años de vida, SE RESPETA! y rechazamos la violencia”, señalaban los mensajes.
Entre los funcionarios que han agredido verbalmente al medio de comunicación figura el gobernador del Azuay, Cristobal Lloret, el ministro Fernando Cordero (@fcorderoc), la exMinistra y ahora secretaria ejecutiva del partido de gobierno, Doris Soliz (@dorissoliz) y la asambleísta oficialista Rosana Alvarado (@alvaradorosana), quienes tildaron al diario de “insensibles” con el dolor ajeno y de ser “malintencionados”. Ellos compartieron la imagen de la portada de ese día de El Mercurio con una leyenda sobrepuesta en letras azules que decía: “Con ese 2% tendrán agua y futuro, con esos titulares infames solo angustia y dolor”.
Varios mensajes insultantes de personas afines al gobierno secundaron las publicaciones de los funcionarios insistiendo en que el titular era “cruel”, “irresponsable” y malintencionado”.
Tras esto, los ciudadanos identificados como: Alexandra Toledo, Omar Zárate, Marcelo Gómez y Diego Lucero presentaron una queja ante la Supercom y pidieron que se haga un llamado de atención a El Mercurio.
Según los denunciantes, el medio habría infringido el artículo 18 de la Constitución, y el 10 de la Ley de Comunicación, referente a normas deontológicas porque el titular no guarda coherencia con el desarrollo de la noticia y podría generar "alarma y conmoción" en la población.
El 4 de mayo de 2016 se desarrolló la audiencia ante la Supercom, en la ciudad de Cuenca. Allí, Francisco Moscoso, quien representó a los cuatro denunciantes argumentó que el titular confunde y no guarda coherencia con el desarrollo de la noticia. Además, que se pretende establecer un vínculo de causa y efecto entre un hecho de la naturaleza absolutamente imprevisible como un terremoto y la respuesta del Gobierno nacional, lo que para ellos causa alarma y conmoción social a toda la población.
