La SECOM advierte posibles acciones legales contra medio de comunicación
La Secretaría General de Comunicación reaccionó con un pronunciamiento amenazante tras la publicación de un reportaje que identificó posibles nexos entre una funcionaria del gobierno y un grupo ciudadano que promueve el rechazo contra la Corte Constitucional. Fundamedios alerta sobre el uso abusivo del poder estatal que pone en riesgo amenaza la libertad de prensa.
Ecuador, 15 de agosto de 2025.- La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM) reaccionó la tarde del 14 de agosto ante una investigación publicada horas antes por Diario Expreso. La nota periodística reveló indicios sobre un posible vínculo entre la campaña del colectivo “Ecuador Merece Paz” y una funcionaria del gobierno.
El reportaje, firmado por la periodista Sara Ortiz, documentó que el boletín de prensa difundido por el supuesto colectivo —sin dirección, redes sociales ni vocero identificado— contiene en sus metadatos el nombre de Cristina Maggi, nombre que coincide con el de la directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia de la República.
El material replicaba el mensaje exhibido en una pantalla gigante en Quito y en camiones con pantallas LED que recorrieron varias ciudades, criticando a la Corte Constitucional por suspender artículos de tres proyectos de ley en materia de seguridad.
La empresa publicitaria Alacc Outdoor Ecuador retiró la valla tras los cuestionamientos del medio, pero no reveló al contratante alegando confidencialidad. Funcionarios de Presidencia no respondieron entrevistas; la vocera Carolina Jaramillo afirmó que fue una iniciativa ciudadana sin uso de recursos públicos.
Fundamedios conversó con Sara Ortiz quien comentó que a ella le llamó la atención quién era el vocero del colectivo, y que no era normal que en una organización o colectivo no tenga uno. Entonces en ese sentido decidió analizar los boletines que llegaron a varios periodistas y notó el vínculo con la funcionaria. Ortiz opina que cualquier persona sobre la que ha escrito tiene el derecho de iniciar la acción legal correspondiente. “Pero, la Secretaría debe contestar las preguntas, no es un derecho para mí sino para la ciudadanía. Es interesante que nadie sabe de dónde sale el financiamiento para la movilización, comentó.
En su pronunciamiento por X (antes Twitter), la SECOM calificó la publicación como “una investigación sin sustento, basada en conjeturas y en un supuesto usuario que cualquiera podría crear para desacreditar a una funcionaria”. Agregó que se vulnera derechos y “distorsionan la verdad”, a través de este tipo de publicaciones y concluyó con la advertencia: “Nos reservamos el uso de todas las acciones legales que correspondan”.