Quito, 22 de agosto de 2025,
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y la lucha contra los flujos ilícitos. Consideramos que el proyectode ley de Transparencia Social debería ser una propuesta de avanzada; que fortalezca el derecho a asociarse libremente, que eleve los estándares de rendición de cuentas y, al mismo tiempo, cuide el espacio cívico del que dependen la Democracia y el desarrollo.
Reconocemos avances tras el primer debate legislativo: el texto incorpora el respeto al derecho de asociación en el objeto de la ley; la presunción de buena fe organizativa; el principio de proporcionalidad y un enfoque basado en riesgo que orienta controles con evidencia, no por sospecha generalizada. Son pasos en la dirección correcta que deben consolidarse en el texto final.
Persisten, sin embargo, preocupaciones sustantivas que deben corregirse para alinearse con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y con buenas prácticas internacionales:
La calificación de urgencia económica no ha sido debidamente sustentada; La exposición de motivos carece de evidencias públicas que demuestren un uso sistemático de OSC para el lavado de activos;,
Varias disposiciones siguen resultando desproporcionadas frente al fin perseguido, al habilitar controles y sanciones que podrían afectar la vida interna y la continuidad de organizaciones debidamente constituidas, bajo la norma requerida en el país; y,
La propuesta de ley deja a la discrecionalidad de la autoridad el cierre de organizaciones, en este caso, resulta fundamental que dichas la disposiciones sean claras y precisas y no ambiguas abiertas al criterio de la o el funcionario de turno.
Qué proponemos para el segundo debate y el texto final:
1. Regulación proporcional y basada en riesgo real, en línea con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): obligaciones diferenciadas según tamaño, fuentes y exposición; auditorías y debida diligencia escalonadas; y controles reforzados solamente donde el riesgo esté técnicamente demostrado.
2. Garantías de debido proceso y no disolución por faltas formales: toda medida extrema debe ser excepcional, con control judicial, causales claras y graduación de sanciones; no se debería aplicar nunca una “pena de muerte” administrativa para asociaciones que cumplen fines lícitos.
3. Transparencia sí, pero viable: formatos de reporte escalonados y protección de datos sensibles de donantes/beneficiarios; evitar cargas que empujen a la informalidad, especialmente en organizaciones comunitarias y rurales con baja capacidad administrativa.
4. Participación efectiva del sector: diálogo estructurado con OSC, Academia y organismos especializados para pulir el articulado y su reglamentación; una ley co- creada es una ley que se puede implementar y cumplir de manera más cumplible y eficaz.
5. Unidad de propósito Estado–sociedad civil: consolidar en la norma los avances ya introducidos —presunción de buena fe, proporcionalidad y gestión por riesgo—, evitando regresar a enfoques punitivos o generalistas que castigan a todo el sector por conductas no probadas.
Nuestro mensaje es claro: Ecuador puede prevenir flujos ilícitos sin asfixiar a quienes todos los días cuidan derechos, cohesionan comunidades, y generan soluciones públicas y trabajan de la mano con el Estado para la real vigencia de los derechos en el país. Pedimos a las y los asambleístas mantener los avances, corregir los excesos y aprobar una ley equilibrada, eficaz y compatible con los estándares internacionales. Es importante reconocer el rol histórico de la sociedad civil en Ecuador, de sus aportes a la democracia, al desarrollo social y económico del país.
Estamos listos para trabajar juntos en un texto que blinde la integridad financiera y la libertad de asociación, pilares inseparables de la democracia.