Fundamedios advirtió que el Proyecto de Ley podría vulnerar la libertad de asociación y debilitar a la sociedad civil.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, intervino en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para alertar sobre los riesgos del proyecto de Ley de Transparencia Social. Ricaurte señaló que la normativa plantea sanciones desproporcionadas, cargas administrativas imposibles de cumplir y una narrativa estigmatizante contra las organizaciones de la sociedad civil, sin evidencia empírica que lo respalde.
Quito, 22 de agosto de 2025.– En el marco del debate legislativo del Proyecto de Ley de Transparencia Social, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, compareció este 21 de agosto ante la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional.
Lo hizo en representación de una coalición de organizaciones sociales, con el fin de exponer preocupaciones y presentar propuestas técnicas respecto al alcance de la normativa que se tramita con carácter económico urgente.
Durante su intervención, Ricaurte subrayó que los principales factores de riesgo de lavado de activos en Ecuador están vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la corrupción, y no al sector de las organizaciones sociales, como se ha sugerido en el debate público.
“No existe evidencia verificable que permita sostener que la sociedad civil ecuatoriana juegue un rol relevante en el lavado de activos. Los verdaderos problemas que afectan la economía nacional se encuentran en otros sectores”, afirmó César Ricaurte.
Además alertó que varios artículos del proyecto ponen en riesgo derechos fundamentales y la sostenibilidad de miles de colectivos.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la posibilidad de disolver automáticamente organizaciones por faltas administrativas, lo cual contradice estándares internacionales de proporcionalidad y del debido proceso. También se cuestionó la imposición de obligaciones financieras y contables de alta complejidad, prácticamente imposibles de cumplir para organizaciones comunitarias y de base, lo que podría empujarlas a la informalidad o incluso a su cierre definitivo.
Otro punto crítico señalado fue el uso de una narrativa estigmatizante que, sin evidencia empírica, vincula a las organizaciones de la sociedad civil con actividades ilícitas, generando desconfianza y debilitando el espacio cívico.
Además, Ricaurte advirtió la ausencia de mecanismos de diálogo y consulta previa en la elaboración de la propuesta, lo cual contradice compromisos internacionales de participación ciudadana y transparencia normativa.
Como alternativa, la sociedad civil planteó la necesidad de aplicar en el Proyecto de Ley un enfoque de control diferenciado en función del nivel de riesgo de cada organización, con competencias limitadas y objetivas para la autoridad reguladora, bajo control judicial. También se propuso fortalecer la protección de datos sensibles de las más de 60.000 organizaciones registradas en el país. Establecer sistemas de rendición de cuentas proporcionales y convertir la cláusula de “no persecución política” en un mecanismo verificable de protección y apelación independiente.
La comparecencia fue respaldada por 18 organizaciones que solicitaron ser escuchadas en el proceso legislativo, entre ellas la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Diálogo Diverso, Fundación Mil Hojas, Fundación Alas de Colibrí, Fundación Equidad, Observatorio de Derecho y Justicia, Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, Fundación Fuerza Rosa y APADA.
Las organizaciones reiteraron su voluntad de colaborar en la construcción de una normativa que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas, pero advirtieron que esta no debe convertirse en un instrumento de persecución ni de debilitamiento de la acción cívica legítima.