Las organizaciones firmantes consideran que hay problemas de forma y fondo
Trece organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Transparencia Social (LOTS). El recurso señala que la ley fue tramitada irregularmente como urgente en materia económica, carece de unidad de materia e impone restricciones desproporcionadas a las organizaciones, incluyendo la posibilidad de suspender o retirar su personería jurídica.
Ecuador, 26 de septiembre de 2025.- Este viernes, 13 organizaciones de la sociedad civil (OSC) acudieron a la Corte Constitucional para presentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Transparencia Social (LOTS), publicada el pasado 28 de agosto en el Registro Oficial.
Entre las organizaciones firmantes están Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, Fundación Mil Hojas, Diálogo Diverso, la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, CEPAM y Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, entre otras.
Las organizaciones sostienen que esta ley, nacida bajo el nombre de “Ley de Control de Flujos Irregulares de Capitales” y tramitada con carácter de urgencia económica, es inconstitucional tanto en su forma como en su contenido. Según el recurso presentado, la LOTS no cumplió con los requisitos de urgencia establecidos en el artículo 140 de la Constitución, pues nunca se demostró la existencia de una situación económica apremiante que justificara el trámite acelerado. Por el contrario, la norma se construyó sobre supuestos no comprobados y un discurso estigmatizante hacia las organizaciones sin fines de lucro, sin pruebas de que representen un riesgo real de lavado de activos.
El escrito también denuncia la falta de unidad de materia de la ley. Además de imponer controles a las organizaciones sociales, la LOTS incluyó disposiciones sobre empresas públicas en liquidación, reformas tributarias y modificaciones a la Ley de Minería, materias ajenas a su objeto central y que, según la demanda, vulneran el principio de coherencia legislativa establecido en el artículo 136 de la Constitución.
En cuanto al fondo, los accionantes señalan que varios artículos amenazan derechos fundamentales. El artículo 6 otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria un control amplio y poco delimitado sobre las organizaciones, mientras que el artículo 7 las clasifica en “niveles de riesgo” con criterios vagos y discrecionales, lo que genera inseguridad jurídica y abre la puerta a la discriminación.
La Disposición General Novena excluye a ciertas entidades del alcance de la norma sin justificación técnica, creando un trato desigual. Y la Disposición Transitoria Segunda obliga a todas las organizaciones a registrarse en un nuevo sistema en 180 días bajo amenaza de suspensión o pérdida de personería jurídica, una medida que las organizaciones consideran desproporcionada y violatoria del derecho a la libertad de asociación.
Por estas razones, las organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad por la forma y el fondo de la LOTS y que disponga la suspensión provisional de las disposiciones cuestionadas, para evitar que se apliquen medidas que podrían afectar gravemente a cientos de organizaciones de base en todo el país.
La demanda recuerda, además, que evaluaciones recientes de la UAFE y del GAFILAT concluyeron que las organizaciones sin fines de lucro representan un riesgo medio-bajo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que contradice el argumento central utilizado por el Ejecutivo para justificar la ley.
Las organizaciones firmantes advierten que la LOTS no solo es contraria a la Constitución, sino que también amenaza la autonomía, sostenibilidad y legitimidad de la sociedad civil ecuatoriana en un momento en el que su papel es fundamental para la defensa de la democracia y los derechos humanos.