El miércoles 03 de marzo de 2010, el presidente Rafael Correa, envío a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el mandatario pide se incluya, en la sección de rendición de cuentas, a los medios de comunicación «por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación».
De esta manera, se faculta a los «ciudadanos en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio» solicitar información una vez al año, sin embargo no se delimita de qué se tratan esos informes.
Además según el veto presidencial, los medios de comunicación de forma «mandatoria» y «no facultativa» «deberán crear espacios» para la difusión de los deberes y derechos de los ciudadanos.
Será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el encargado de establecer «los mecanismos, instrumentos y procedimientos» para la rendición de cuentas y el cumplimiento de estas disposiciones. Este organismo ha sido cuestionado porque varios de sus miembros estarían muy cerca del partido de Gobierno.
Para el jurista Antonio Rodríguez, esta disposición es «estrictamente política y que lo que busca ya no es solo controlar, sino perseguir a los medios privados».
Juan Carlos Calderón, periodista de diario Expreso, opina que al catalogar a la comunicación como un servicio público se justifica el control sobre los medios de comunicación, «en nombre de lo público se establece un intento de control por parte del estado» señaló.
Calderón estima, además, que con estas acciones se demuestra «el intento de menoscabar la libertad del ejercicio profesional y del derecho a la comunicación».
El Gobierno sustenta su posición exponiendo que los medios de comunicación «prestan el servicio público de la comunicación, por lo que la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones».