Un proyecto de Ley que podría restringir o bloquear contenido en internet y prohibir el acceso a datos personales de funcionarios públicos, imposibilitando la fiscalización ciudadana podría ser aprobada por el legislativo. Se trata del proyecto de “Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad de los Datos Personales”, que fue presentada el 12 de julio por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y espera su debate en el interior de la Asamblea.
Este proyecto que contiene 28 artículos y cuatro disposiciones, ha sido cuestionado por organizaciones y juristas ya que se considera que limitaría gravemente la libertad de información y expresión en internet.
Entre sus artículos, (Art.11) el proyecto de Ley establece la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que, según el texto, tiene entre sus atribuciones disponer el bloqueo temporal o definitivo de los sistemas de información cuando exista un riesgo cierto de afectación de derechos constitucionales.
En un artículo titulado ¡Van por la Internet!, publicado por El Comercio, Simon cuestionó este punto por considerar las amplias atribuciones de esta entidad que sin proceso judicial podría ordenar el bloqueo de sistemas de información si así lo considera. “Esta norma otorga al Ejecutivo la posibilidad de ordenar el bloqueo de cualquier sistema informático, página web, blog o similar, en nombre de la protección de datos personales. Hasta ahora no habían encontrado la forma de regular los espacios de investigación periodística u opinión que tienen como plataforma la Internet, de aprobarse esta ley el régimen tendría la llave para hacerlo”, apuntó Simon.
Este aspecto también preocupa a Velazco quien aseguró, en entrevista para diario La Hora, que en una época preelectoral se podría entorpecer la “fiscalización” ciudadana respecto a la información de los candidatos como información tributaria, estudios, entre otras, que actualmente se pueden acceder de manera pública a través de las páginas web de entidades estatales.
Este proyecto de Ley también delimita, en sus artículos 22, al 26, infracciones, así como establece sanciones a quienes, por ejemplo, traten datos de carácter personal de modo que “lesione” la intimidad. Velazco aseguró a diario El Comercio que el hecho de que se norme y haya sanciones económicas podría fomentar la autocensura y dio el ejemplo de las consecuencias para quienes hacen periodismo de investigación, puesto que estas iniciativas podrían truncarse si se quiere investigar incrementos patrimoniales y otros temas similares. El proyecto establece multas de hasta diez salarios básicos y el retiro definitivo de la base de datos en cuestión.
Fundamedios alerta acerca de las graves restricciones a la libertad de expresión en Internet que podrían derivarse si se llega a aprobar este proyecto y rechaza el intento de censurar la libre información e impedir la fiscalización ciudadana al pretender limitar el acceso a los datos de funcionarios públicos o fomentar la autocensura con la imposición de multas para quienes manejen este tipo de datos.