Fundamedios en alianza con Ecuador Chequea y Plan V presenta el informe especial “Un crimen contra la palabra”, una reconstrucción detallada del contexto, las denuncias y los hechos que rodearon el asesinato de Robinson del Pezo, comunicador digital de 50 años y fundador de la página “La Voz del Pueblo vuelve por ti mi provincia”
El crimen ocurrió el 20 de noviembre de 2025 en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.
Robinson del Pezo mantuvo una línea sostenida de publicaciones que cuestionan contratos municipales y provinciales, presuntos conflictos de interés, obras inconclusas, manejo de recursos destinados a publicidad oficial, venta de terrenos y posibles vínculos entre actores políticos y contratistas.
¿Por qué este caso importa?
El asesinato de Robinson del Pezo no generó el impacto nacional que un hecho de esta magnitud merece. Sin embargo, su muerte ocurre en una provincia marcada por el aumento de la violencia, el crecimiento de economías ilícitas y tensiones políticas relacionadas con la contratación pública y la adjudicación de tierras.
En 2025 Ecuador fue el cuarto país más violento del mundo. En Santa Elena, entre 2021 y 2025, la tasa de homicidios intencionales aumentó 290%, pasando de 15 a 226. En paralelo, las presuntas irregularidades en contratos, obras y adjudicaciones se volvieron escandalosas y llegaron al debate nacional.
Robinson del Pezo se definía como un ciudadano común que decidió hablar cuando otros callaban. Desde 2020 impulsó su página digital como un espacio de denuncia sin respaldo institucional ni auspiciantes. Su línea editorial se centró en la fiscalización de autoridades del cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena.
El presente informe incluye un análisis del proceso judicial por presunta extorsión iniciado en su contra. Las circunstancias de su detención y el traslado a la Penitenciaría del Litoral. Se detallan también elementos procesales, decisiones judiciales y vacíos probatorios señalados por su defensa.
Asimismo, se recogen testimonios de fuentes cercanas a la víctima que describen las amenazas, presiones económicas y violencia física sufrida durante su reclusión. Fundamedios tuvo acceso a fotografías que evidencian estas lesiones.
Después de alrededor de 18 días en prisión, Del Pezo obtuvo medidas sustitutivas y retomó su actividad digital. Continuó publicando denuncias.
Su muerte no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un entorno marcado por la violencia, la debilidad institucional y los altos niveles de tensión política.
Este informe busca aportar memoria, contexto y documentación a un hecho que afecta directamente el derecho a la libertad de expresión y el control social ciudadano.
Su proceso penal, las agresiones sufridas bajo custodia estatal, las amenazas previas y el contexto de confrontación pública configuran un escenario que exige respuestas integrales del Estado ecuatoriano.
En ese marco, la organización exige:
- Una investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de libertad de expresión que determine si el crimen estuvo vinculado a su labor de denuncia.
- Explicaciones sobre la violencia sufrida bajo custodia estatal.
- Protección efectiva para familiares y fuentes cercanas.
- Fortalecimiento de mecanismos de prevención y protección para comunicadores digitales.
- Garantías estructurales de no repetición.
El Estado no solo tiene la obligación de identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. También debe examinar las condiciones estructurales que precedieron al crimen: la violencia penitenciaria, la falta de mecanismos de protección y la vulnerabilidad de quienes ejercen una fiscalización ciudadana a autoridades locales.
La protección de la vida y de la libertad de expresión no puede ser selectiva ni tardía sino preventiva, integral y sostenida.