2018 fue un año en que se evidenció una rebaja significativa en las agresiones a la libertad de expresión; pero, sin duda, fue de conmoción. El actual Gobierno ha reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión, comunicadores, periodistas, medios de comunicación y activistas políticos. Frente a esa realidad, se ejecutaron acciones para paliar el ambiente hostil y polarizado que se sostuvo entre 2007 y el primer semestre de 2017. Entre esas, resultan determinantes la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la revisión del rol de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y sus sanciones, el papel de la Secretaría de Comunicación (Secom), el concurso de frecuencias y las consecuencias del crimen en contra del equipo periodístico de Diario El Comercio.
De acuerdo a los reportes de FUNDAMEDIOS, la mayoría de agresiones poviene de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales. No se ejecutan desde el Gobierno Central, pero sí desde autoridades locales y funcionarios.
En 2018, la forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas. En 12 meses se reportaron 18 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet. Esto marca una diferencia en el contexto de 2017, año en que la agresión más recurrente fueron los insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas, junto al hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales.
También se identificaron patrones en la limitación al acceso a la información pública. Las prácticas mencionadas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y en la lucha contra la corrupción.
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