Fundamedios organizó una misión institucional en Tulcán, capital de la provincia del Carchi, entre los días 22 y 24 de julio de 2025, con el objetivo de recoger de manera directa las percepciones, testimonios y experiencias de periodistas locales, así como de establecer vínculos de cooperación con autoridades y entidades públicas provinciales y municipales.
A la provincia del Carchi el país suele mirarla desde lejos, como un borde frío en el mapa: una mancha verde y azul en la esquina superior, páramo, neblina y un puente internacional que aparece de vez en cuando en los noticieros. Para quienes viven allí, en cambio, el mundo se organiza alrededor de esa línea imaginaria que separa Ecuador de Colombia y que, en la práctica, se cruza todos los días sin necesidad de mapas: por comercio, por trabajo, por necesidad o simplemente por costumbre.
Es un territorio alto —tres mil metros de aire fino y luz áspera— donde conviven pequeños agricultores de papa y leche, comerciantes que dependen del ánimo del dólar y el peso, comunidades indígenas y afrodescendientes que llevan siglos adaptándose a los cambios de nombre del Estado, y familias que aprenden pronto que la frontera no es una abstracción jurídica, sino un modo de vida.
En el centro de ese altiplano está Tulcán, ciudad bisagra y centinela, a medio camino entre Quito y Pasto. Desde la plaza se puede sentir, en un mismo día, el aliento del páramo, el movimiento incesante de Rumichaca y el eco de decisiones tomadas muy lejos, en escritorios donde el Carchi es apenas una cifra.
Aquí la economía se mide tanto en hectáreas sembradas como en camiones que entran y salen, en ferias de fin de semana y en la respiración agitada del comercio informal que sube y baja por las lomas. La vida cultural se alimenta de radios locales, fiestas patronales, equipos de fútbol que dividen lealtades entre ligas ecuatorianas y colombianas, y un cementerio jardín donde los cipreses tallados recuerdan que, incluso en el límite, hay espacio para la belleza.
Es en esta ciudad de niebla, tránsito y paciencia donde se juega, casi siempre en silencio, la libertad de prensa en la frontera norte.
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Es el martes 22 de julio de 2025 en Tulcán. En un rincón del restaurante de un hotel del centro, una docena de periodistas se sientan alrededor de una mesa de madera gastada. No hay cámaras encendidas, solo libretas, teléfonos y un cansancio que se nota antes de que alguien hable.
El primero en romper el hielo lo dice mirando el celular, no al público:
—Te sacan del grupo de WhatsApp y ya sabes que estás castigado. No es solo un chat: es la llave de la información. Y acá las llaves las reparten según el humor del día.
La escena podría parecer un desahogo entre colegas. En realidad, describe el sistema de comunicación oficial del Carchi: quién entra al grupo, quién sale, quién recibe el parte policial, quién se entera por terceros. A partir de este encuentro, la misión de Fundamedios en Tulcán empieza a armar su propia radiografía: un territorio donde el derecho a la información existe en las leyes, pero tropieza a diario con filtros, listas, castigos silenciosos y favores.
Del 22 al 24 de julio, una delegación encabezada por César Ricaurte, director de Fundamedios, acompañada por Dagmar Flores y Juan Padilla, escuchó a periodistas locales, visitó despachos públicos y recogió un diagnóstico incómodo para el poder: en la frontera norte, la libertad de prensa se administra a punta de puerta, chat y presupuesto.
Un termómetro en la frontera
La primera parada de la misión fue simple: sentarse a escuchar. Periodistas de radio, prensa escrita y televisión, y corresponsales de medios nacionales se reunieron, junto al corresponsal de Fundamedios en la zona, Gary Guerrón, para contar cómo se hace periodismo en un territorio atravesado por el contrabando, la migración, la violencia organizada y crisis económicas recurrentes.
En poco más de dos horas se repiten tres palabras: trabas, castigos, precariedad.
Relatan que la Subzona de Policía del Carchi expulsa de los grupos oficiales a quien incomoda; que la Fiscalía Provincial convierte la información pública en un trámite interminable, lleno de remisiones a Quito y respuestas evasivas; que la Prefectura y el Municipio prefieren hablar por TikTok, Facebook o grupos cerrados de WhatsApp antes que responder preguntas en ruedas de prensa.
—Aquí muchas veces te enteras por un video mal grabado antes que por la versión oficial —resume una reportera radial—. Y cuando preguntas, te tratan como si estuvieras molestando.
Ese termómetro, colocado en una sala sin cámaras ni atriles, marca la temperatura real de la libertad de expresión en la frontera norte mejor que cualquier documento oficial.
Acceso a la información: la ley en una mano, la puerta cerrada en la otra
En el papel, Ecuador presume un marco normativo ejemplar: Constitución, Convención Americana, Pactos internacionales, Ley de Acceso a la Información Pública. Todo habla de un derecho amplio a buscar, recibir y difundir información, sin trabas indebidas.
En Tulcán, los periodistas enumeran otra cosa: solicitudes ignoradas, respuestas tardías, “eso tiene que ver con seguridad”, “eso solo lo pueden responder en Quito”.
La Policía apela a la cautela. La Fiscalía remite trámites a instancias nacionales como si el Carchi no formara parte del mismo país. Los ministerios clave funcionan sin voceros zonales permanentes. La información viaja a destiempo y, muchas veces, nunca llega.
Para obtener un dato básico —estadísticas de delitos, contratos de pauta, presupuesto ejecutado— los reporteros deben insistir, activar contactos personales o rendirse. El derecho se vuelve negociación. La norma se convierte en una excusa burocrática. La información deja de ser pública y pasa a depender del ánimo de quien atiende el teléfono.
El resultado es un ecosistema donde florecen la filtración interesada, el rumor y los medios de ocasión armados para servir a coyunturas políticas. Cuanto menos institucional es la información, más espacio ganan la desinformación y la propaganda.
El periodismo como estorbo
Una idea se repite en los testimonios: las autoridades locales no ven a la prensa como aliada para informar a la ciudadanía, sino como una incomodidad que conviene tener a raya.
En la prefectura y en el municipio se manejan listas. Listas de quién recibe invitaciones, de quién entra a ciertas actividades, de quién sale de los grupos. Hay ruedas de prensa con aforo selectivo. Hay temas que nunca se abren a preguntas. Hay comunicadores institucionales que, más que enlaces, actúan como filtros políticos.
—Te tildan de amarillista por preguntar por contratos —cuenta uno de los periodistas—. Y si insistes, se enfría la relación… y la pauta.
La estigmatización no se expresa siempre en insultos públicos. A veces basta con no responder mensajes, no contestar llamadas ni incluir ciertos medios en los canales oficiales. El mensaje llega igual: “No nos gusta lo que publicas”.
Ese clima produce algo más grave que un mal rato: genera autocensura. Temas que se dejan para después, fuentes que se consultan menos, investigaciones que se frenan antes de empezar. En un territorio de frontera, donde convergen delitos complejos y múltiples vulnerabilidades, cada historia no contada abre espacio a la impunidad.
La pauta: cuando el presupuesto editorializa
En Carchi, buena parte de los medios de comunicación sobrevive gracias a la pauta oficial. Radios pequeñas, canales locales y programas informativos dependen de contratos con la Prefectura, el Municipio y otras instituciones para cubrir la nómina, el transporte y los equipos.
El problema no es la existencia de pauta, sino el modo en que se reparte y se utiliza.
En la reunión con el prefecto Julio César Robles, su equipo admite que la relación con los medios está atravesada por subjetividades: simpatías, antipatías y la historia política reciente. Dicen que la contratación se canaliza a través de un proveedor seleccionado mediante concurso, pero el criterio de distribución entre medios sigue sin quedar claro.
Desde la otra orilla, los periodistas cuentan una realidad más descarnada: compromisos de pautaje que tardan meses en pagarse, programas que sostienen su línea editorial mirando de reojo el calendario de transferencias, medios que se cuidan de incomodar demasiado para no quedar fuera del reparto.
La Alcaldía, a su vez, reconoce retrasos administrativos y asegura que trabajará con un grupo acotado de radios y canales “por cobertura y alcance”. El mapa que describen los comunicadores es distinto: medios históricamente críticos, con menor presencia; medios alineados con la administración, con mayor proximidad a las fuentes y al presupuesto.
La pauta, que debería responder a criterios de pluralismo y de servicio público, termina siendo un sistema de premios y castigos silenciosos. La línea editorial se condiciona por las órdenes de pago y los contratos de publicidad.
Del otro lado del escritorio
La misión de Fundamedios no se quedó en la queja. Durante dos días, la delegación recorrió oficinas y despachos: Gobernación, Policía, Prefectura, Viceprefectura, Alcaldía, Vicealcaldía, Casa de la Cultura. El objetivo era contrastar el relato de los periodistas con la versión institucional.
En la Gobernación, el director de Comunicación, Wilson Enríquez, reconoce fallas que otras autoridades suelen negar: centralismo, trámites lentos, falta de voceros, planes de comunicación que no incluyen espacios de conversación con los medios. Acepta la necesidad de formación en ética, transparencia y comunicación pública. Se abre a organizar un taller con Fundamedios.
En la Subzona de Policía, el comandante Ricardo Manitio Espinel escucha las denuncias sobre expulsiones de chats, trato desigual y bloqueo de información. Afirma que “toda la información policial es pública”, pero reconoce el rol de la Dirección General en Quito como filtro. Se queja de notas “sensacionalistas”, aunque queda claro que el conflicto principal no es de estilo, sino de acceso. Recibe el Documento de Acuerdos entre periodistas y Policía —elaborado por Fundamedios con apoyo internacional— como una propuesta concreta para ordenar la relación.
En la prefectura y la viceprefectura se admite que la pauta se gestiona con criterios poco claros y se plantea la necesidad de mesas de trabajo con periodistas. La Alcaldía explica que recién ha creado una Dirección de Comunicación y que navega entre la improvisación y las viejas costumbres personalistas.
La Casa de la Cultura muestra otro rostro del problema: presupuestos mínimos, ausencia total de departamento de comunicación, pocos funcionarios para muchas tareas. Ahí la opacidad nace más del abandono que de la mala intención. Pero la consecuencia es la misma: la ciudadanía no recibe información a tiempo ni de manera sistemática.
En cada oficina se repite una idea que la misión deja registrada: las instituciones locales combinan la tentación de controlar la información con una evidente falta de capacidades para gestionarla conforme a estándares democráticos.
Normas impecables, prácticas defectuosas
El andamiaje jurídico que protege el trabajo periodístico en Ecuador es sólido. La Constitución reconoce la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales. La Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública establece que toda información en manos del Estado es, por principio, pública. Los tratados internacionales suscritos por el país prohíben las restricciones indirectas al periodismo, incluidas las presiones económicas y los bloqueos arbitrarios de datos.
Lo observado en Tulcán choca frontalmente con esos estándares.
Expulsar a periodistas de grupos oficiales por su línea editorial, condicionar la entrega de información a afinidades políticas, usar la pauta como herramienta de disciplinamiento o tratar a los medios como adversarios antes que como contrapesos democráticos, configura justo lo que la Convención Americana y la jurisprudencia internacional advierten como prácticas incompatibles con un Estado que dice respetar la libertad de expresión.
En la frontera, la censura rara vez lleva sello ni firma. Se practica de otra manera: se demora en la respuesta, se niega una entrevista, se cierra un grupo de difusión, se abandona una oficina de comunicación, se deja al reportero esperando a las afueras de un despacho. Cada obstáculo se presenta como un detalle logístico o un malentendido. Sumados, dibujan un patrón.
Después de la misión: trabajo de fondo
Al terminar los tres días, la delegación de Fundamedios no salió de Tulcán con una lista de logros para exhibir, sino con un plan de trabajo.
Quedaron compromisos: talleres de formación para funcionarios y periodistas; mesas de diálogo entre la Policía y los medios; revisión de los criterios de pauta en la Prefectura; elaboración de un protocolo de relacionamiento con la prensa en la Alcaldía; articulación con la Casa de la Cultura; apertura de un canal con la Fiscalía para mejorar el acceso a datos judiciales.
También quedó claro que la defensa de la libertad de expresión en la frontera no depende solo de grandes casos emblemáticos, sino de la corrección de estas rutinas pequeñas: quién está en el chat, quién recibe la llamada de vuelta, quién puede preguntar sin pagar con su pauta o su acceso.
Desde entonces, Fundamedios asumió el seguimiento como parte de su tarea: documentar avances, registrar retrocesos, sostener el diálogo cuando la voluntad política flaquea, insistir en que la transparencia no es un favor ni un gesto de cortesía, sino una obligación jurídica y democrática.
En Tulcán, el periodismo se ejerce con recursos escasos, equipos envejecidos y un riesgo mucho mayor del que suele asomarse en los titulares nacionales. Sin embargo, sigue habiendo reporteros dispuestos a tocar la misma puerta una y otra vez hasta obtener una respuesta. El sentido de esta misión fue, justamente, dejar constancia de ese esfuerzo y recordarle al Estado que las fronteras también se trazan con silencio… o con información.
En la frontera norte, el poder no necesita decretar censura abierta: le basta con manejar el silencio, la pauta y las puertas entreabiertas.