La Sala Penal de la Corte Provincial de Loja declaró culpables, el 20 de octubre de 2016, a los ciudadanos Polivio Medina Quizhpe, Asunción Zhunaula Sarango y Karina Monteros Paguay, acusados de paralización de un servicio público -la vía Loja-Saraguro, ubicada al sur del país- por las protestas y levantamiento indígena de agosto de 2015.
Esta condena se suma a la dictada en contra de Luisa Lozano, conserje de una escuela comunitaria y Servio Angamarca, comunicador social, quienes el pasado 30 de mayo de este año fueron sentenciados a cuatro años de prisión por este mismo hecho. Ellos forman parte de una de las comunidades indígenas más importantes del Sur del país, la nacionalidad Saraguro.
En total, 29 personas de este grupo han sido acusadas. De ellas, ocho fueron inicialmente absueltas y un segundo grupo de 12, fueron llamadas a juicio y esperan una sentencia que se conocerá en audiencia el próximo 7 de noviembre. Los tres ciudadanos condenados habían sido absueltos en primera instancia. Sin embargo, en la audiencia de apelación interpuesta por el Ministerio del Interior, se los declaró culpables, mientras que se ratificó la culpabilidad de Lozano y Angamarca.
En diálogo con Fundamedios, Anita Namicela, una de las abogadas defensoras de los indígenas aseguró que hasta el momento se desconoce el contenido de la sentencia pues aún no les ha sido notificada por escrito, por lo que solo tienen el pronunciamiento de los miembros de la Sala Penal respecto a la culpabilidad de sus defendidos. Para Namicela, llama la atención el hecho de que se les haya informado que los jueces cambiarán la pena de Lozano y Angamarca, por considerarla desproporcionada y que esa misma pena la aplicarán a los tres ciudadanos recientemente declarados culpables. En ese sentido esperarán el escrito para apelar.
Estos procesos se derivan de las protestas contra el gobierno de Rafael Correa que se dieron entre junio y agosto de 2015, cuando los ciudadanos de Saraguro salieron a protestar a la calles en la vía Loja-Saraguro, en donde se produjeron enfrentamientos con la policía y represión, incluso con presencia del ejército, que terminó con la detención de 29 personas.