ACTUALIZACIÓN. La inocencia de cinco ciudadanos de la comunidad de Saraguro -ubicada al sur del Ecuador- dentro del caso conocido como “Los 29 de Saraguro”, fue ratificada por un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia este 7 de agosto de 2018. Ellos fueron procesados penalmente tras ser acusados de la paralización de un servicio público de la vía Loja-Saraguro, durante una jornada de protestas y levantamiento indígena por la defensa del agua en agosto de 2015. Los ciudadanos declarados inocentes son: Luisa Lozano, Amable Angamarca, Asunción Zhunaula, Polibio Medina y Karina Monteros.
Luisa Lozano, dirigente de mujeres indígenas y conserje de una escuela comunitaria declaró a los medios que siempre supo que eran inocentes. “Es un día histórico para nosotros, como mujeres, como pueblos indígenas, es un día en que la lucha y la perseverancia ha hecho que logremos este camino”, apuntó Lozano, quien cree que este proceso le deja una lección: el ser ejemplo de lucha y el no callar frente a la intolerancia y a la injusticia.
Por su parte, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) aseguró que esta sentencia demuestra lo que anteriormente han venido señalando respecto a que todo se trataba de una persecución política. “Vamos a seguir apoyando el pueblo indígena y las comunidades que siempre tienen la característica de lucha por nuestros derechos. Hoy es un momento histórico”, afirmó.
Estos procesos se derivaron de las protestas contra el gobierno de Rafael Correa que se dieron entre junio y agosto de 2015, cuando los ciudadanos de Saraguro salieron a protestar a la calles en la vía Loja-Saraguro, en donde se produjeron enfrentamientos con la policía y represión, incluso con presencia del ejército, que terminó con la detención de 29 personas.
Por estos hechos, 12 mujeres y 17 hombres fueron enviados a la cárcel por 16 días. Tras esto, 12 comuneros fueron llamados a juicio, de los cuales 7 fueron sobreseídos y se dictó sentencia en contra de cinco de ellos. Amable Angamarca y Luisa Lozano fueron sentenciados inicialmente a cuatro años de cárcel. Sin embargo, dicha sentencia de cárcel fue revocada y en diciembre de 2016, los cinco fueron sentenciados con la obligación de presentarse mensualmente ante el Juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Saraguro, la prohibición de salir del país, cumplir 240 horas de trabajo comunitario ,el pago de una multa personal de cuatro salarios básicos unificados y presentar disculpas públicas a la ciudadanía de Loja y del Azuay, a la Policía Nacional y a los uniformados por las supuestas lesiones corporales que sufrieron.