Fundamedios

Uso abusivo del poder del Estado

Se censura a diario con imposición de réplicas y aclaraciones

Ago 26, 2016

Diario La Hora destinó una página completa de su edición del domingo 21 de agosto para publicar una rectificación del Ministerio de Trabajo y una aclaración de la Superintendencia de Compañías. En ambos casos, las entidades estatales descalificaron al medio al decir que sus notas periodísticas y titulares son “desatinados” y lo acusaron de no verificar ni contrastar.

En el primer caso, el Ministerio de trabajo impuso su rectificación por una nota publicada el pasado 15 de agosto de 2016, con el título “Las ventas caen en el 84% de las empresas”, en donde se afirmó que un 63% de los empresarios tuvieron que despedir empleados para hacer frente a la crisis. En respuesta a ello, la nota del Ministerio de Trabajo se tituló “Ecuador sigue generando plazas de empleo en el 2016” para afirmar que se generaron 316.515 nuevos empleos entre 2015 y 2016, según cifras oficiales. Dentro de la rectificación, dicha cartera de Estado calificó al titular y texto de “escueto” y cuestionó que el medio cite se un sondeo hecho por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

En una nota adjunta de advertencia, diario La Hora rechazó “las acusaciones públicas que el Ministro hizo a este rotativo, demostrando una actitud de acoso político más que un interés técnico por explicar qué sucede en el sector laboral del país” y aclaró que publica dicha rectificación para evitar sanciones que pondrían en riesgo su permanencia.

En el segundo caso, la Superintendencia impuso una aclaración a la nota periodística titulada: “6532 empresas dejaron de existir en el primer semestre”, del 19 de agosto. Al respecto, esa Superintendencia cuestionó el “desatinado” titular y justificó la aclaración para que la ciudadanía no obtenga información “errada”. Tras explicar en tres columnas sobre el proceso de disolución de una empresa, esa entidad estatal aconsejó a los redactores tener claro los conceptos para evitar incurrir en errores que desinformen a la ciudadanía y, finalmente, añadió que si los redactores no tienen tiempo para esperar una respuesta oficial tras un pedido de información, deberían acudir al criterio de un experto, antes de publicar la información.

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