Gerardo Portillo, uno de los cuatro veedores ciudadanos que fue sentenciado a prisión tras investigar los contratos que mantenía el hermano del expresidente Rafael Correa con el Estado, fue detenido la tarde del 4 de septiembre de 2017, en medio de un operativo de control en Quito.
Portillo y Pablo Chambers fueron sentenciados a un año de prisión y su condena ratificada por la Corte Nacional de Justicia el pasado 15 de diciembre de 2016 por el delito de falso testimonio. Esto por haber concluído, en su informe de la veeduría, que el expresidente conocía acerca de los contratos de su hermano y que en los procesos hubo preferencias e ilegalidades que ocasionaron un grave perjuicio al Estado.
En diálogo con Fundamedios, Chambers aseguró que la detención ocurrió porque desde agosto han tenido una orden de captura de la cual no estaban al tanto. Sin embargo a Portillo lo detuvieron en un operativo ordinario de control en el barrio de San Bartolo, en Quito, tras revisar los documentos del veedor y constatar que tenía la orden de captura vigente. Según Chambers, de momento solo conoce que, tras la detención, su compañero fue llevado a una Unidad Policial Comunitaria del sector, después fue trasladado a otro sitio y por último a una unidad de flagrancia, en donde se encuentra con su abogado.
Al respecto, es consciente que con esta orden en firme él podría ser capturado en cualquier momento. “No creo que vengan a buscarme, pero sin duda me esperarán, no vamos a salir del país no hemos hecho nada de malo, ni siquiera hemos dicho una mala palabra y por eso no entiendo cómo el odio de un hombre puede llegar a tal punto de hacer daño a personas, tan solo por hacer mi trabajo y hacerlo bien”, apuntó.
Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando los veedores –elegidos por sorteo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar las investigaciones- concluyeron en su informe que el Primer Mandatario conocía acerca de los contratos de su hermano y que hubo perjuicio para el país con la terminación unilateral de los contratos por parte del Estado. Según el abogado se perdieron unos USD 144 millones. Las empresas de Fabricio Correa recibieron USD 440 millones en contratos del Estado. Con base en la divulgación de estas conclusiones, la Fiscalía pidió que se procese a Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, quienes fueron llamados a juicio en septiembre de 2012. Sin embargo, la sentencia absolvió a José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo pese a que el informe por el cual fueron acusados tenía la firma de todos los integrantes de la Comisión.
Estan trasladando en estos momentos a Gerardo Portillo al CDP @fevillavicencio @JacquelineRodas @martharoldos
— VeeduriaContratosFC (@VEEDUR1AFCorrea) 5 de septiembre de 2017