ACTUALIZACIÓN. Un piquete de uniformados y agentes vestidos de civil permanece, desde la tarde del 18 de septiembre de 2017, en los exteriores de la vivienda del periodista y activista político, Fernando Villavicencio, quien llegó al país de manera sorpresiva, mientras se encontraba tramitando un asilo político en Perú. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva, por estar siendo investigado bajo el delito de divulgación de información reservada junto al exasambleísta Cléver Jiménez.
Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio alertó de la existencia de un operativo policial en los exteriores de su domicilio, en Quito y aseguró que los policías cercaron las calles de los alrededores para posiblemente allanar su domicilio, como ocurrió en diciembre de 2013, cuando sus hijos eran más pequeños. Al respecto pidió que se haga justicia y cuestionó que los corruptos estén libres mientras que su esposo sea perseguido por denunciar la corrupción.
Este operativo ocurrió horas antes de la primera aparición pública que hizo Villavicencio tras su llegada al Ecuador, en donde aseguró en rueda de prensa, que volvió al país ante un «pedido del presidente Lenín Moreno de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción no se callen». Al respecto, aseguró que presentaría una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y documentación sobre supuestos perjuicios por unos 2.200 millones de dólares al Estado por la venta de crudo mediante intermediación con Petrochina.
Al momento, los uniformados continúan apostados en los exteriores de la vivienda de Villavicencio de quien se desconoce su paradero. La orden de prisión preventiva en contra del periodista y activista político volvió a quedar en firme a inicios de agosto, luego de que la conjueza Magally Soledispa ratificara dicha medida porque villavicencio no se acogió al uso de un dispositivo electrónico, como sí lo hizo el exasambleísta Cléver Jiménez en julio de este año.
Cabe recordar que este juicio penal en contra de Jiménez y Villavicencio se reactivó tras la providencia emitida por el juez Jorge Blum, quien el pasado 27 de diciembre de 2013 ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del legislador de oposición por Pachakutik y posteriormente, en octubre de 2016, ordenó la prisión preventiva. A ambos se los investiga por la divulgación de correos electrónicos que fueron intercambiados entre el Secretario Jurídico de la Presidencia y el Procurador General.
Villavicencio, al igual que Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, estaban bajo el amparo de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2014, pero en un proceso iniciado de forma personal por el ex Presidente Rafael Correa, por injuria judicial. En el proceso, en el cual tiene prisión preventiva, se solicitó cautelares, pero aún no han sido otorgadas por la CIDH.