Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: Enero–febrero de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Pichincha, Quito
Víctimas o afectados: Paul Romero, Ecuavisa
Agresores identificados: Ministerio de Defensa
Tipo de agresión: Acceso a la información
Estado del caso: En seguimiento institucional
El periodista Paul Romero, de Ecuavisa, fue excluido de coberturas oficiales del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, luego de publicar una serie de reportajes de investigación sobre contratos millonarios relacionados con radares de vigilancia aérea.
La restricción se dio mediante órdenes internas de impedir la presencia del periodista en actividades oficiales. No hubo notificación previa ni justificación formal, lo que constituye una afectación al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de prensa.
Paúl Romero cubre de manera permanente temas de seguridad y defensa por varios años. Las restricciones fueron sistemáticas por parte del Ministerio de Defensa.
El comunicador relató a Fundamedios que hace más de dos años —coincidiendo con el inicio del actual gobierno— el Ministerio de Defensa dejó de responderle requerimientos formales de información, solicitudes realizadas conforme a la normativa vigente. Tampoco le han contestado consultas dirigidas a sus delegados de comunicación. Esta falta de respuesta ha impedido el acceso regular a información oficial sobre temas de alto interés público vinculados a seguridad y defensa.
Romero señaló que la situación se agravó tras la publicación de tres reportajes de investigación relacionados con la suspensión de un contrato millonario entre el Ministerio de Defensa para la adquisición de un radar tridimensional de largo alcance, que debía instalarse en los cerros Montecristi y San Isidro, en la provincia de Manabí.
Posteriormente, Romero publicó un segundo reportaje sobre irregularidades en la adjudicación de contratos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de vías y las zonas donde se ubicarían los sistemas de vigilancia. En un tercer trabajo periodístico reveló que el Ministerio de Defensa devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas cinco millones de dólares correspondientes a una indemnización de la aseguradora, tras la explosión de un radar en noviembre de 2021 en el cerro Montecristi, debido —según el reportaje— a falta de diligencia y gestión institucional.
Tras estas publicaciones, el periodista solicitó información adicional al Ministerio de Defensa, sin obtener respuesta formal. Únicamente recibió, vía chat, una declaración atribuida al director del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, remitida de manera general a varios periodistas.
Días después, Romero fue invitado por el Ejército a una cobertura oficial en la provincia de Morona Santiago, con motivo de la conmemoración de los 31 años de la Guerra del Cenepa. Sin embargo, cuando se encontraba ya en el aeropuerto Mariscal Sucre, a punto de abordar el avión junto a otros medios, fue interceptado por cuatro integrantes del Ejército, quienes le informaron que existía una disposición del Ministerio de Defensa para que él —y específicamente el equipo de Ecuavisa— no participe en la cobertura ni aborde el vuelo.
La orden habría llegado cuando el avión ya se encontraba en ruta, por lo que no pudieron impedir su traslado. No obstante, al llegar al lugar del evento, le señalaron que no debía ubicarse junto a los demás periodistas, que evite aparecer ante el ministro de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que no formule preguntas relacionadas con radares, seguridad o control aéreo.
Posteriormente, fuentes militares confirmaron al periodista que existiría una disposición interna del Ministerio de Defensa para impedir su acceso a futuras coberturas oficiales. Esta situación se habría reiterado recientemente, cuando Romero consultó en un chat institucional del Ejército si la restricción seguía vigente para una nueva cobertura convocada para los próximos días, sin recibir respuesta alguna, lo que refuerza la presunción de una exclusión deliberada.
Para Fundamedios este caso presenta graves indicios de censura y discriminación en el acceso a información pública, en aparente represalia por la publicación de investigaciones periodísticas sobre la gestión de recursos públicos en el ámbito de la defensa nacional.
La exclusión selectiva de un periodista de coberturas oficiales, vulnera los principios de igualdad, transparencia y no discriminación, además de afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural sobre asuntos de alto interés público.
Los estándares interamericanos de libertad de expresión establecen que el acceso a fuentes oficiales no puede condicionarse en función de la línea editorial, el contenido de investigaciones previas ni el carácter crítico del periodismo. La utilización de mecanismos informales para bloquear o restringir coberturas constituye una forma de censura indirecta prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.