Los periodistas fueron denunciados por posibles “actos de odio”
Los periodistas Jonathan Palma y Flor Layedra fueron denunciados ante la Fiscalía por el empresario Roberto Gilbert, uno de los principales prestadores externos del IESS.
La acción legal se presentó el 14 de agosto de 2025, luego de la publicación de la investigación “Los dueños de la salud”, que reveló que más de USD 8.000 millones fueron destinados entre 2013 y 2025 a clínicas y hospitales privados. Fundamedios alerta sobre un nuevo caso de judicialización del periodismo en Ecuador.
Ecuador, 20 de agosto de 2025.- El periodista de investigación Jonathan Palma y su colega Flor Layedra enfrentan una denuncia penal por parte de Roberto Gilbert Febres Cordero, representante de la clínica Guayaquil, por el presunto delito de “actos de odio”. La denuncia fue ingresada en la Fiscalía el 14 de agosto de 2025, y los comunicadores fueron notificados apenas este 19 de agosto.
La acción judicial se enmarca tras la publicación de la investigación “Los dueños de la salud”, una serie de cinco entregas, publicadas en Diario El Expreso, que documenta cómo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) destinó más de 8.000 millones de dólares a prestadores externos de salud entre 2013 y 2025.
En este trabajo se identificaron clínicas y hospitales privados que concentraron gran parte de esos recursos, entre ellos la clínica Guayaquil.
En la denuncia presentada contra los periodistas, Gilbert indica que la investigación “carece de sustento fáctico” y que busca “generar rechazo social y estigmatizar” a su institución. Además asegura que, al presentar esta información en un medio de comunicación de alcance nacional, podría “derivar en consecuencias nefastas y materiales en el futuro”. Con estos argumentos el empresario de la salud hizo una denuncia judicial que está en etapa de investigación previa por el delito de actos de odio.
Fundamedios conversó con Palma, quien afirmó que ha recibido varias denuncias por su trabajo, lo que “siempre resulta desgastante. Este tipo de procesos distraen y cansan, cuando lo que hacemos (los periodistas) es un ejercicio de fiscalización en beneficio de la ciudadanía”.
Fundamedios expresa su preocupación por este nuevo caso de judicialización de la labor periodística y recuerda que los reportajes investigativos sobre el manejo de recursos públicos son parte del ejercicio legítimo de libertad de expresión y del derecho a la información.
El uso del sistema de justicia para silenciar o intimidar a periodistas sienta un grave precedente para la democracia en el país.